Santo Domingo. – La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), calificó este miércoles «de palo acechado», el que los políticos y en particular el Congreso Nacional, pretendan ir aprobar una ley de fideicomiso público, para privatizar el activismo económico del gobierno y hasta del propio estado en su conjunto, poniéndolo en manos de particulares por 30 años, todo ello al margen de la transparencia, la institucionalidad, la constitución y de los más elementales principios del derecho público.
Mediante una rueda de prensa, el presidente de la fundación, Trajano Potentini, dijo que se trata de una burda y grosera prostitución de la institucionalidad, afectando el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, provocando nnecesariamente el surgimiento de protesta cívicas, en todo el territorio nacional.
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Estas declaraciones surgieron en la presentación de un documento contentivo de una serie de reflexiones y consideraciones relacionadas con el manejo y desempeño del Gobierno Dominicano, en su interacción con los diferentes actores políticos económicos y sociales, con ocasión del cumplimiento de sus respectivos roles durante el año que recién estaría por concluir.
En el documento, la entidad cívica calificó el 2022 como el año del precipicio electoral y el debilitamiento de la lucha contra la corrupción, por la constante campaña generalizada a destiempo, el irrespeto a la institucionalidad y la débil reacción de la Junta Central Electoral (JCE).
Potentini, resalto además, la falta de una adecuada reforma electoral y la incertidumbre presupuestaria de la JCE, entre otros males.
En materia de lucha contra la corrupción, también manifestó que «nos encontramos con un panorama tétrico, a saber; un Ministerio Público, con presiones extremas a nivel político, empresarial y mediático, con falta de personal y logística, presupuesto insuficiente, ello sumado a otros dificultades, que hoy lo proyectan débil y con un importante rezago en el avance y judicialización de expedientes de corrupción».
Finalmente, Justicia y Transparencia consideró como un grave error del Ministerio Público, el centrar sus resultados en materia de lucha contra la corrupción, en el mantenimiento de presos preventivos, más allá de lo razonable, y no en el avance, investigación, sometimiento y judicialización de más expedientes.
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