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Este domingo seis de noviembre conmemoramos el 178 aniversario de la Constitución de la República. El proyecto liberal del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, y sus compañeros de La Trinitaria, es todavía un proyecto aspiración del pueblo dominicano expresado en el texto más amplio que es la Constitución del 2010, la cual la podemos referir en el marco conceptual como una Constitución programática.
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Largos y tortuosos han sido los infortunios del texto constitucional dominicano, abolido por reformas, anexión, por intervención, por golpe de Estado, desconocimiento de la voluntad popular. En este tránsito constitucional no podemos olvidar los aportes de la Constitución de 1963, donde profesor Juan Boch, a través de su proyecto constituyente plasmó derecho fundamentales, como derechos sociales, económicos y culturales; que para la época eran de avanzada con relación al resto del constitucionalismo latinoamericano.
La República Dominicana ha pasado por 39 constituciones, más que cualquier otro país, desde su independencia en 1821. Sin embargo, esta estadística es un indicador un tanto engañoso de estabilidad política, debido a la práctica dominicana de promulgar una nueva constitución cada vez que se ratifica una enmienda. Aunque técnicamente diferentes entre sí en algunas disposiciones particulares, la mayoría de las constituciones nuevas contenían en realidad solo modificaciones menores de las que estaban en vigor anteriormente. Las amplias innovaciones constitucionales en realidad eran relativamente raras.
El gran número de constituciones, sin embargo, refleja una falta básica de consenso sobre las reglas que deberían regir la vida política nacional. La mayoría de los gobiernos dominicanos se sintieron obligados a tomar posesión de su cargo para redactar nuevas constituciones que cambiaron las reglas para adaptarlas a sus propios deseos. No solo los sucesivos gobiernos solían estar muy en desacuerdo con las políticas y los programas de sus predecesores, sino que a menudo rechazaban por completo el marco institucional en el que operaban sus predecesores. Constitucionalismo —lealtad a un conjunto estable de leyes y principios rectores en lugar de a la persona que los promulga— se convirtió en una cuestión de importancia primordial en la República Dominicana solo después de la muerte de Rafael Trujillo.
Los dominicanos históricamente habían acordado que el gobierno debería ser representante y vagamente democrático, que debería haber civiles y derechos políticos, separación de poderes, y controles y equilibrios. Más allá de eso, sin embargo, el consenso se rompió. El país en realidad había sido dominado alternativamente a lo largo de su historia por dos tradiciones constitucionales, una relativamente democrática y la otra autoritaria. Rara vez hubo intentos de cerrar la brecha entre estos opuestos diametrales.
