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Cada 30 de agosto, el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de los Desaparecidos, una fecha que lleva consigo una carga emocional profunda y un llamado urgente a la acción. Este día no solo sirve para recordar a las víctimas de desapariciones forzadas, sino también para subrayar la necesidad de prevenir futuros casos y abogar por la justicia y la verdad para las familias que aún buscan a sus seres queridos.
En República Dominicana el 37 % de las personas reportadas desaparecidas no han sido localizadas. En los últimos siete años se han reportado 1,425 denuncias.
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El diagnóstico precisa que el 15 % de las personas que desaparecieron en 2022 padecen de alguna discapacidad cognitiva, autismo o enfermedad mental, como alzhéimer, depresión, esquizofrenia, pérdida de la memoria, entre otros.
De ese 15 %, el 35 % son personas que padecen de alzhéimer, una enfermedad degenerativa que afecta la memoria.
La desaparición forzada es un crimen que ha dejado cicatrices imborrables en el tejido social de muchas naciones. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta práctica inhumana es utilizada frecuentemente como una estrategia para sembrar el miedo y la inseguridad entre la población civil. No se trata solo de la desaparición física de una persona; el impacto de este crimen se extiende a sus familiares, amigos, comunidades enteras, y en última instancia, a la sociedad en su conjunto. Es un acto de terror que trasciende fronteras y que, lamentablemente, sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo.
En 1992, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, estableciendo principios que los Estados deben seguir para erradicar esta práctica. Según esta declaración, una desaparición forzada ocurre cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad por agentes gubernamentales o por grupos que actúan en nombre o con el consentimiento del Estado. A menudo, las autoridades niegan conocer el paradero de la persona, dejándola fuera del alcance de la ley y desprotegida ante sus captores.
