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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que los cárteles mexicanos "blanquean unos 25.000 millones de dólares al año" con la moneda digital bitcóin, afirmando que "el ciberespacio y las criptomonedas se están perfilando como una nueva frontera para los grupos delictivos organizados".
Esta información fue publicada en el informe anual correspondiente al 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dado a conocer este 10 de marzo. Según el organismo internacional, "las nuevas tecnologías, como las monedas digitales, los pagos mediante dispositivos móviles y los servicios de billetera electrónica, han facilitado y agilizado las transferencias internacionales de fondos".
Asimismo, se advirtió que "los grupos delictivos organizados han explotado esas nuevas tecnologías para ocultar el origen de los fondos ilícitos y maximizar los beneficios". Entre las bandas criminales más resonadas, la ONU destacó al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa.
La JIFE también alertó sobre una técnica conocida como 'smurfing', o atomización: "Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7.500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias", introdujo. Luego, realizan compras en línea de bitcoines, y con ello pagan a sus asociados en otras partes del mundo.
"Anonimato y rapidez"
En efecto, según la Administración para el Control de Drogas de EE.UU., "tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales, debido al anonimato y la rapidez de las operaciones".
Por otro lado, la ONU remarcó que "los flujos financieros ilícitos derivados del tráfico de drogas no solo financian la delincuencia, sino que también apoyan el terrorismo".
Además, la Junta se mostró preocupada al comprobar "que las plataformas de medios sociales se utilizan para promover conductas de riesgo, como el consumo de drogas con fines no médicos".
Al respecto, pidió que los Gobiernos actúen para "reducir y, cuando sea posible, eliminar la explotación de las plataformas por parte de usuarios para comercializar, vender o promover de otro modo las drogas ilícitas, las nuevas sustancias psicoactivas y los opioides, así como los precursores de drogas sin usos legítimos conocidos".
