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Guayaquil.- Diez años después del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de Ecuador y dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos, la reconstrucción es una deuda pendiente en algunas de las zonas afectadas, donde familiares de víctimas, damnificados y organizaciones aún esperan la ayuda prometida.
El epicentro fue Pedernales, en el norte de la provincia de Manabí, aunque golpeó con fuerza al menos a diez ciudades cercanas y también a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Dejó daños por alrededor de 3.600 millones de dólares, según cifras oficiales.
El Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) recaudó 3.500 millones de dólares en impuestos y donaciones, pero la reconstrucción avanzó a paso lento entre denuncias de supuestos desvíos de fondos, sobreprecios y retrasos en obras esenciales como hospitales o para proveer servicios básicos, que se entregaron o iniciaron en los últimos años.
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Denuncias de corrupción
Los casos de corrupción llegaron hasta los tribunales. El año pasado, el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien dirigía el comité creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, fue condenado a 13 años de cárcel por malversación de fondos públicos, junto a otros exfuncionarios.
Según la Fiscalía, utilizaron sus cargos para generar un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.
Francisco Bravo, un activista que sigue este caso desde el inicio, dijo a EFE que el comité priorizó 584 proyectos, pero que muchos de ellos no estaban relacionados con el objetivo de enfrentar las consecuencias del sismo.
«Todos estos años han sido de resistencia», afirmó a EFE Julio Villacreses, integrante de la Comisión Anticorrupción en Manabí, quien considera que las investigaciones tienen que seguir, ya que la Contraloría «solo auditó un 3 %» de las obras. «La Justicia ha ordenado que se siga investigando, pero la Fiscalía guarda silencio», afirmó.
Diez años de espera
Todavía hay familias que luchan para que se cumplan las promesas que les hicieron, como las 35 integrantes del grupo Amores Eternos 16A, quienes afirman que el Gobierno ofreció casas para los niños que quedaron huérfanos en Manta.
Aunque estuvieron a punto de ser beneficiados, «cambiaron el ministro y ahí quedaron nuestras ilusiones», relató a EFE Betty Cedeño, líder de la organización, que impulsó el levantamiento de un memorial que se inaugura este jueves.
Esos cambios también han impedido que se empiece la construcción de un Instituto Superior Tecnológico en Portoviejo, que quedó destruido, según denunciaron a EFE integrantes del Frente Pro Construcción del centro, quienes señalaron que el proyecto cuenta desde 2017 con un financiamiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero que no se ejecuta.
Lo mismo sucede con nueve estaciones de bomberos en Manabí que también contaban con el apoyo del BEI, recuerda Ricardo Ordóñez, jefe de bomberos en Bahía de Caráquez.
Familias sin vivienda
En Pedernales, unas 1.736 familias se quedaron sin recibir una vivienda, según datos de la Municipalidad citados por el medio El Diario.
Gerardo Giler, subsecretario del Ministerio de Infraestructura y Transporte, afirmó a EFE que, cuando Noboa llegó al poder, en diciembre de 2023, solo quedaban 118 millones de dólares para la reconstrucción, que han permitido ejecutar seis proyectos «que eran necesarios». Tienen priorizados otros tres en Manabí y uno en Esmeraldas.
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En esa lista no están los mencionados anteriormente, aunque Giler afirmó que pueden entrar en análisis si los promueven a través de los alcaldes que integran el comité, que está sin gerente desde hace un mes.
«Sabemos que persisten algunas necesidades básicas, pero la mayoría de las emergencias fueron cubiertas», indicó. Tras diez años solo quedan entre 5 y 7 millones millones de dólares disponibles que, de acuerdo al funcionario, podrían utilizarse en uno o dos proyectos más.
