English
Redacción Medioambiente, 17 abr (EFE).- Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) insta a los gobiernos y a los interlocutores sociales a reforzar la protección social universal, también para las personas desplazadas por el cambio climático, trabajadores migrantes o los refugiados, dentro de las políticas para afrontar la crisis climática y garantizar una transición justa para todos.
En el documento ‘Modelo de intervención: ¿Cómo ampliar la protección social a los trabajadores migrantes, los refugiados y otras personas desplazadas en el contexto del cambio climático?’ se recogen una serie de orientaciones prácticas dirigidas a los responsables políticos sobre la protección de las personas afectadas por los desplazamientos relacionados con el clima.
Según explica la OIT desde Ginebra, es necesario fortalecer los sistemas de protección social para estas personas, porque el cambio climático está cada vez más impulsando los desplazamientos y agravando la situación de los más vulnerables, «con consecuencias como no encontrar un trabajo decente, aumentar el riesgo de pobreza y socavar los medios de vida».
Los sistemas de protección social, según la OIT, «son esenciales para fortalecer la resiliencia, apoyar la adaptación y garantizar una transición justa hacia economías más sostenibles».
Basándose en los principios internacionales de derechos humanos y las normas de la OIT, el informe reafirma que «el acceso a la seguridad social es un derecho fundamental».
Asimismo, destaca «principios clave como la igualdad de trato y la no discriminación», tal y como se establecen en los convenios y recomendaciones de la OIT.
Los trabajadores migrantes y las personas desplazadas suelen tener dificultades para acceder a la protección social, afirma la Organización, que apunta entre las barreras que encuentran: las exclusiones legales basadas en la nacionalidad o la situación migratoria, la falta de reconocimiento de los desplazamientos relacionados con el clima, el acceso limitado al empleo formal y la escasa coordinación entre los sistemas nacionales de seguridad social.
Además, subrayan que los obstáculos administrativos y prácticos -como la falta de documentación, la complejidad de los trámites y la limitada capacidad institucional- también «impiden una cobertura efectiva».
El documento desgrana una serie de propuestas como un conjunto de medidas políticas destinadas a ampliar gradualmente la cobertura.
Entre esas medidas incluye el «fortalecimiento de sistemas nacionales de protección social inclusivos, la ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo pertinentes, y la ampliación de los acuerdos bilaterales y multilaterales de seguridad social para mejorar la coordinación y la transferencia de los derechos».
Asimismo, otras políticas sugieren «reducir las barreras administrativas, mejorar el diálogo social y la coherencia de las políticas, y desarrollar respuestas más flexibles a las crisis relacionadas con el clima».
El informe también recoge un enfoque en tres fases para apoyar la puesta en marcha a nivel nacional «del diálogo tripartito, la formulación de políticas basada en datos empíricos y la armonización con los marcos climáticos y migratorios».
