Los Estados Unidos, Canadá y sus países Socios quieren intervenir, militar, política y democráticamente, en Haití, sin un mandato expreso de las Organizaciones de las Naciones Unidas, que les dé facultad para ellos.
Queremos reiterar que el único instrumento emitido por la Organización de las Naciones Unidas es una resolución que condena a las bandas que operan en la empobrecida nación caribeña, por la cual todos los países con poder de veto estaban de acuerdo, incluyendo Rusia y China, porque en Haití, con esta resolución, la impunidad de las tropas y del mando político que se creará con la ocupación estaría garantizada.
Ocuparían Estados Unidos, Canadá y sus Socios al Estado haitiano sin ningún límite, ni freno Constitucional, de la misma manera que lo hace Rusia en Ucrania, China contra Taiwán, y que lo hiciera Francia en Argelia.
Volveríamos a las leyes de conquista del siglo XVI, con las cuales los grandes imperios saquearon los pueblos conquistados, con el ardid de tildar de bandolero a todo ser o institución que se oponga en Haití, a la apropiación de las riquezas y el patrimonio minero, los recursos marinos, las playas, el espacio eléctrico, los bienes estratégicos como las comunicaciones, los aeropuertos, puertos y el espacio aéreo de esa nación.
Tienen la coartada y la treta al mismo tiempo, de una crisis de seguridad y sanitaria muy bien vendida en la opinión pública internacional, para hacer ver como auxilio internacional, lo que es una operación de fuerza directa sobre Haití por parte de Estados Unidos, Canadá y sus Socios, para el dominio de un país que, como Haití ha caído en una anomia, estimulada desde la intervención irresponsable de la Organización del Estado Americano y de la Organización de las Naciones Unidas, en forma permanente, desde el año 2000 hasta el año 2018, con varias catástrofes naturales, climáticas y sanitarias de por medio, con las cuales ejecutivos de estos organismos y gobernantes Chilenos, Argentinos, Brasileños, y Haitianos se enriquecieron con los fondos internacionales.
Queda demostrado que, ni la solidaridad, ni la generosidad guían estas acciones de ocupación haitiana, por parte de estas naciones, pues el poder solo se muestra por intereses, ya que son estos los únicos que sostendrán los gastos, los esfuerzos y la logística de esta operación política en Haití. Lo único que tienen los haitianos como contrapartida y garantía prendaria para estos redentores democrático son su población y su tierra, y son estos capitales, más que tesoros, los garantes de los retornos políticos, sociales, económicos, medioambientales y ecológicos que persiguen Estados Unidos, Canadá y sus países Socios.
Pagaríamos muy caros si nos dejamos llevar por el aforismo de que: allá llegue y que aquí no pegue. Sepan que nos puede llegar y nos puede pegar, por culpa de nuestras anomalías geopolíticas en el trato institucional que, desde el estado, le hemos dado a nuestra geopolítica con Haití, tanto en nuestra convivencia insular, democrática, política, comercial y cultural. Vivimos en una función de acoso y derribo, tanto con organizaciones internacionales, pero también con los dos países protagonistas de la ocupación de Haití, por el tema de inmigración, y los derechos que le son negados por el Estado haitiano a su población, y también por violaciones a los haitianos documentados e indocumentados en nuestro suelo.
Recibimos la lujosa visita de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, quién reclamó al Gobierno Dominicano más protección para los haitianos y sus descendientes vulnerables, protegidos por dos enmiendas que hiciera el Estado Dominicano, a la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional. La Ley de Naturalización de Extranjeros 168-14 y Norma de Regularización, dos estatutos que conceden unos derechos a nacionales haitianos, los cuales se requiere el reconocimiento, compromiso y la obligación del Estado haitiano, de otorgar documentos a sus nacionales para que el Estado Dominicano los pueda cumplir. Significa que el incumplimiento de estos dos estatutos muy bien pudiera servirle a los salvadores Internacionales de Haití, para procurarse una sanción internacional contra la República Dominicana, la cual se usaría, en todo caso, y poner en riesgo nuestro fuero internacional como nación y estado libre, independiente y soberano.
