Santo Domingo.- El Ministerio Público (MP) ha solicitado la imposición de medidas de coerción contra varios exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) por su implicación en un supuesto esquema de corrupción relacionado con la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios.
Implicados
Hugo Marino Leopoldo Beras Coico Ramírez, según el expediente como principal autoridad
ejecutiva del INTRANT entre agosto del 2022 y noviembre de 2023, fue una pieza clave en la adjudicación fraudulenta de contratos a empresas que no cumplían con los requisitos técnicos.
Supuestamente bajo su gestión, se desvió una gran cantidad de recursos del Estado, beneficiando a empresas “de carpeta” que participaron en la manipulación de licitaciones. Está acusado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado y desfalco, entre otros delitos.
Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho y representante de Beras en el Comité de Compras del INTRANT, fue el encargado de asegurar que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas al esquema de corrupción. Se le acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado y coalición de funcionarios, según lo mostrado en el documento su participación fue clave para la manipulación del proceso de adjudicación.
Samuel Gregorio Saquero Sepúlveda, director de Tecnología del INTRANT, bajo su responsabilidad estaba el manejo de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo. Saquero Sepúlveda facilitó el control de estos sistemas a la empresa Transcore Latam S.R.L., la cual no cumplía con los requisitos legales. Además, se le acusa de estafa, desfalco y por falsificar documentos relacionados con la entrega de bienes y servicios, asegurando que el Estado desembolsara los pagos a la empresa en cuestión.
Mientras que Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero del INTRANT. emitió una certificación falsa, afirmando que la institución contaba con los fondos necesarios para iniciar una licitación, cuando en realidad estos no se solicitaron hasta mayo del 2023 y no se recibieron hasta julio.
También se le acusa de manejar una nómina de “jornaleros” que permitió la desviación de fondos hacia la estructura corrupta. Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación, desfalco, y coalición de funcionarios.
Ademas, José Ángel Gómez Canaán (a) Jochi (beneficiario de los contratos fraudulentos y dueño de Aurix S.A.S.) es el principal beneficiario económico del esquema corrupto quien a través de empresas como Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L., movilizó fondos obtenidos ilícitamente, además de estar vinculado al lavado de activos y usurpación de identidades empresariales. También se le responsabiliza por el sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo ocurrido en agosto de 2024 y por actos de terrorismo contra infraestructuras críticas.
Pedro Vinicio Padovani Báez (exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant) Padovani Báez es socio de Gómez Canaán, supervisó de manera fraudulenta la licitación pública núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001 y participó en el esquema de lavado de activos.
Además, fue partícipe en los actos de sabotaje a la red semafórica y en ataques contra infraestructuras críticas del Estado. Se le acusa de estafa contra el Estado, desfalco, y terrorismo.
En otro orden a Carlos José Peguero Vargas, socio en la red de lavado de activos y colaborador cercano de Gómez Canaán. A través de la empresa INPROSOL S.R.L., desvió fondos adjudicados a Transcore Latam S.R.L. y fue responsable de los aspectos técnicos del esquema de vigilancia y espionaje. También participó en la construcción de la estructura financiera ilícita.
Las autoridades destacan que los implicados no solo cometieron fraude y lavado de activos, sino que también atentaron contra la seguridad del país.
