Tras su aprobación y promulgación, se aguarda que una comisión encargada de salvaguardar la privacidad de los ciudadanos logre un consenso.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en República Dominicana, desde su creación en 1962, ha experimentado varias transformaciones. Esta institución se encarga de garantizar la seguridad nacional y mantener la estabilidad, el orden, la prosperidad y la continuidad del Estado dominicano.
Desde su concepción, al igual que en otros países con diferentes nombres, esta dependencia busca ofrecer al Poder Ejecutivo informes sobre situaciones que podrían alterar la vida de los ciudadanos y provocar crisis. Para ello, la institución utiliza agentes, en su mayoría encubiertos, que recogen información sobre incidentes o acciones de personas que puedan atentar contra la seguridad nacional.
La misión de la DNI abarca investigaciones sobre aspectos políticos, económicos, sociales, crimen organizado nacional e internacional, y actividades de extranjeros. Su objetivo es detectar a tiempo cualquier amenaza contra el orden público, la Constitución y las leyes.
La DNI también colabora en la desarticulación de organizaciones criminales, en coordinación con organismos competentes como el Ministerio Público, al cual suministra apoyo tecnológico y técnico en asuntos de crimen organizado y corrupción administrativa. Además, trabaja con el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) para garantizar la seguridad del presidente de la República.
El exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández, criticó lo que él considera una cultura trujillista en la DNI y afirmó que la nueva ley busca normalizar el espionaje, una práctica grave para la democracia. Según Fernández, la ley beneficia a los autócratas y no es conveniente tener la capacidad legal de intervenir en la vida de las personas.
Sigfrido Pared Pérez: “Ninguna ley que hable de obligatoriedad es sana
Ley 1-24 y las controversias
La Ley 1-24, promulgada el 15 de enero de 2024, suprime el Departamento Nacional de Investigaciones y crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ahora bajo la dependencia directa del presidente de la República. Esta ley, aprobada en medio de controversias, tiene 39 artículos, siendo el más discutido el artículo 11, que obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar a la DNI cualquier información requerida para salvaguardar la seguridad nacional, respetando las formalidades legales para la protección de la intimidad y el honor personal.
Sigfrido Pared Pérez, vicealmirante retirado y exdirector del Departamento Nacional de Investigaciones, expresó que “ninguna ley que hable de obligatoriedad es sana” y que la Constitución no obliga a nadie a dar información. Pared Pérez argumenta que el Servicio de Inteligencia puede obtener información por diferentes vías sin necesidad de obligar a nadie.
Pared Pérez sugirió eliminar los artículos 11, 21 y 22, que establecen penas, para que la ley sea más adecuada y se ajuste a las aspiraciones de una sociedad democrática. También señaló la necesidad de modificar la ley 857 de 1978, que situaba el Departamento Nacional de Investigaciones bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas, para adecuarla a los tiempos actuales.
Comisión de consenso y posturas legislativas
Una comisión designada por el presidente Luis Abinader y encabezada por el periodista Persio Maldonado busca un consenso en torno a esta ley. Según Maldonado, el presidente ha dicho que se hará lo que la comisión decida por consenso.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, junto con Elpidio Báez, presentaron un proyecto para derogar la ley, considerándola violatoria de los derechos de dignidad y libertad de expresión. Henríquez destacó que la institución requiere una actualización normativa en cuanto al uso de la inteligencia, pero reiteró que la solución más rápida es la derogación de la ley en el Congreso Nacional.
El diputado Edwin Mejía, presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía en la Cámara de Diputados, indicó que la ley del DNI apunta a llevar al país rumbo a una dictadura, ya que la privacidad de las personas será violada y el DNI podría encarcelar a quienes no compartan información. Mejía confía en que la ley será revertida.
Por otro lado, el diputado oficialista Ramón Bueno defendió la ley, argumentando que se le ha dado una connotación negativa al artículo 11 y que la ley organiza la seguridad nacional, la cual está por encima de todo. Bueno adelantó que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, estudiará al menos 20 propuestas de modificación emitidas por varios grupos. Además, el Tribunal Constitucional ha recibido varias acciones directas de inconstitucionalidad contra la ley.
