La Embajada de Estados Unidos indica en un Reporte Internacional de la Libertad Religiosa 2020 de República Dominicana, que el país tiene una población total de 10,5 millones (estimación de mediados de 2020).
El estudio cita una encuesta del Latinobarómetro de 2019, que establece que en la nación caribeña la población es 49 por ciento católica, en comparación con el 55 por ciento en una encuesta del Latinobarómetro de 2016 y el 68 por ciento en 2008.
La misma encuesta indica que el 26 por ciento de la población es protestante evangélica, en comparación con el 12 por ciento en 2008. En la encuesta del Latinobarómetro de 2018 encontró que el 29,4 por ciento no tiene religión declarada ni se identifica como ateo o agnóstico, en comparación con el 29,1 por ciento en 2017 y el 13 por ciento en 2015.
Otras religiones incluyen a los Adventistas del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo y los no evangélicos. Protestantes. Según una estimación de noviembre del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, los protestantes evangélicos constituyen aproximadamente el 30 por ciento de la población, y el número de pentecostales es el que crece más rápidamente.
Según representantes de la comunidad musulmana, hay aproximadamente entre 2000 y 2500 musulmanes en todo el país. Los líderes judíos afirman que la mayoría de los aproximadamente 350 miembros de la comunidad judía viven en Santo Domingo, con una pequeña comunidad en Sosua. Hay un pequeño número de budistas, hindúes y bahá’ís.
La mayoría de los inmigrantes haitianos son cristianos, incluidos los protestantes evangélicos, los católicos y los adventistas del séptimo día. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, en 2017, el año de la encuesta más reciente, había 498.000 inmigrantes haitianos en el país. Un número desconocido practica el vudú u otras creencias afrocaribeñas como la santería.
Concordato con la Santa Sede
La constitución establece la libertad de religión y creencias. Un concordato con la Santa Sede designa al catolicismo romano como la religión oficial del estado y extiende a la Iglesia Católica privilegios especiales que no se otorgan a otros grupos religiosos. Estos incluyen financiamiento para gastos, incluida la administración y la construcción, excepciones de visa y exenciones de aranceles aduaneros.
Algunos miembros de grupos no católicos dijeron que no aprobaban la preferencia del gobierno por la Iglesia católica, la falta de protección legal explícita para las iglesias más allá de lo que disponía la constitución y el tratamiento de las iglesias no católicas como organizaciones no gubernamentales (ONG).
Según representantes de grupos no católicos, un proyecto de ley para registrar y regular las entidades religiosas, si se aprueba, podría reducir lo que caracterizaron como un trato desigual de los grupos religiosos. El presidente Luis Abinader dividió los deberes del director de la oficina ejecutiva a cargo del alcance a la comunidad cristiana, con un director supervisando el alcance a la comunidad protestante evangélica y un segundo director supervisando el alcance a la Iglesia Católica.
En octubre, la Universidad Pontificia de Santo Domingo, la Universidad Brigham Young, el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo) organizaron un simposio virtual titulado “Desafíos y oportunidades para la religión en la era post-COVID “. Uno de los temas centrales del simposio de tres días fue la importancia de la colaboración interreligiosa como herramienta para fomentar el respeto de los derechos humanos fundamentales.
En septiembre, funcionarios de la embajada de Estados Unidos alentaron al gobierno de Abinader a unirse a Estados Unidos para reafirmar los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluida la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
La embajada continuó apoyando las iniciativas de educación y recordación del Holocausto a través de subvenciones al Museo Judío de Sosua y a dos instituciones estadounidenses para apoyar los esfuerzos del Museo Judío de Sosua para preservar y digitalizar los archivos del museo que cuentan la historia de los refugiados judíos recibidos en el país después de huir de la persecución nazi. Publicó estos esfuerzos en sus páginas de redes sociales. Los funcionarios de la embajada involucraron a líderes no católicos para conocer los esfuerzos para aprobar una ley que crearía un proceso específicamente para registrar y regular las entidades religiosas.
En agosto, un funcionario de la embajada se reunió con el líder de la Coalición de Diálogo Interreligioso para discutir la libertad religiosa y los planes de la organización para comprometerse con el gobierno entrante. En diciembre, un funcionario de la embajada participó en un panel de discusión interreligioso patrocinado por la Coalición de Diálogo Interreligioso que incluyó representantes de varias denominaciones cristianas.
MARCO LEGAL
La constitución establece la libertad de “conciencia y culto, sujeta al orden público y al respeto de las normas sociales”. Un concordato de 1954 con la Santa Sede designa al catolicismo como la religión oficial del estado y extiende privilegios especiales a la Iglesia Católica que no se otorgan a otros grupos religiosos. Estos incluyen la protección especial del estado en el ejercicio del ministerio católico, la exención del servicio militar del clero católico, el permiso para proporcionar instrucción católica en orfanatos públicos, la financiación pública para cubrir algunos gastos de la Iglesia católica y la exención de derechos de aduana.
Para solicitar la exención de los derechos de aduana, los grupos religiosos no católicos deben registrarse primero como ONG en la Oficina del Fiscal General y el Ministerio de Finanzas. El registro en la Oficina del Fiscal General, que se aplica a organizaciones sin fines de lucro en general y no específicamente a grupos religiosos, es un proceso de dos pasos. Primero, la organización debe proporcionar documentación de una dirección fija y los nombres de siete funcionarios electos, tener un mínimo de 25 miembros y pagar una tarifa nominal. En segundo lugar, la organización debe redactar y presentar estatutos y proporcionar copias de los documentos de identificación emitidos por el gobierno para la junta directiva. Después de registrarse, los grupos religiosos pueden solicitar el estado de exención de derechos de aduana del Ministerio de Finanzas.
La ley prevé el reconocimiento gubernamental de los matrimonios realizados por grupos religiosos registrados en la Junta Central Electoral. La ley requiere que las iglesias tengan estatus legal y presencia en el país durante al menos cinco años, proporcionen una lista de miembros y capaciten al clero sobre cómo realizar matrimonios. Las iglesias son responsables de determinar la calificación legal de las parejas y deben registrar todos los matrimonios realizados en el registro civil dentro de los tres días hábiles posteriores al matrimonio. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones o multas por delitos menores, incluidos 100 pesos ($ 2) por cada día que supere el plazo de grabación, suspensión de la licencia de matrimonio o hasta cinco años de prisión.
El concordato otorga a la Iglesia Católica libre acceso a las cárceles. El gobierno afirma que permite el acceso a todas las religiones en las cárceles. Los presos de todas las religiones tienen derecho a realizar actos religiosos en las cárceles, en comunidad o solos.
La ley de estudios bíblicos también exige que la Biblia se lea en las escuelas públicas al comienzo de cada día después del himno nacional. Este aspecto de la ley no se aplica actualmente.
Los misioneros extranjeros pueden obtener una visa de negocios de entrada múltiple por un año a través del Ministerio de Relaciones Exteriores después de presentar un documento que ofrezca prueba de la actividad comercial de la institución o persona en el país al que está afiliado el misionero. Los misioneros extranjeros pueden renovar la visa antes de que expire la visa original de un año.
El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES
Después de su investidura en agosto, el recién electo presidente Abinader dividió los deberes del director de la oficina ejecutiva a cargo del alcance a la comunidad cristiana, con un director supervisando el alcance a la comunidad evangélica protestante y un segundo director supervisando el alcance a la Iglesia Católica. Bajo el ex presidente Danilo Medina, un obispo católico dirigió la oficina.
