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Puerto Plata.- Un tribunal impuso 12 meses de prisión preventiva contra dos presuntos cabecillas de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada recientemente en la provincia de Puerto Plata. La medida, considerada como coercitiva, fue dictada tras establecerse su presunta implicación en delitos graves, entre ellos, abuso sexual y proxenetismo agravado.
Los imputados fueron identificados como Julio de la Cruz Vásquez, alias “Nacho” o “Gordo”, y Leonelis Rodríguez Martínez. Ambos enfrentarán cargos por trata de personas en perjuicio de mujeres y adolescentes, conforme a lo establecido por la Ley 137-03 y la Ley 136-03 sobre protección de menores. El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja, lo que permitirá ampliar los plazos del proceso investigativo.
De la Cruz Vásquez enfrenta, además, una acusación adicional por usurpación de funciones, ya que continuaba identificándose como miembro de la Fuerza Aérea Dominicana pese a haber sido destituido de esa institución.
La fiscal Julissa Gómez Camacho representó al Ministerio Público durante la audiencia, celebrada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata. Los imputados deberán cumplir la medida en los centros de corrección y rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata, y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Rescate de víctimas y desmantelamiento de la red
Durante la investigación, el Ministerio Público allanó una villa de dos niveles en el sector Cupey, utilizada como centro de operaciones de la red. En el lugar fueron rescatadas nueve víctimas, entre ellas seis mujeres de entre 18 y 28 años, y tres adolescentes de 17. También se incautaron pruebas que comprometen a los acusados.
Las autoridades determinaron que los servicios sexuales se ofrecían a cambio de pagos que oscilaban entre 120 y 400 dólares, y en un caso específico, De la Cruz Vásquez habría recibido 1,600 dólares por el “servicio” de una menor de edad.
Investigación local con apoyo internacional
La operación, coordinada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Puerto Plata, se puso en marcha tras una denuncia confidencial recibida el 13 de marzo por la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem), adscrita a la Dicrim.
El caso ha contado con la colaboración de agencias internacionales como la Oficina de Investigaciones del Ultramar del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos, lo que ha fortalecido la recolección de evidencias y la identificación de otras posibles víctimas.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra la trata de personas y exhortaron a la ciudadanía a denunciar de forma confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con este tipo de delitos.
