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Santo Domingo. — El exrector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Jesús Féliz García, afirmó este lunes que durante su gestión en esa institución no se exigieron ni condicionaron aportes económicos a colaboradores y reiteró su disposición a que los órganos competentes investiguen tanto su desempeño como su situación patrimonial, tras la derogación de su designación mediante el Decreto núm. 39-26.
En una carta dirigida a la ciudadanía, Féliz García indicó que solicitó formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado una revisión técnica exhaustiva de los procedimientos institucionales del ITLA, con acceso pleno a la información, al personal y a los procesos internos, proceso que, según señaló, ya ha iniciado.
El exfuncionario aseguró que durante su tiempo como rector no se exigió, condicionó ni vinculó el nombramiento, permanencia, ascensos o beneficios de empleados a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de movimientos ni de estructuras políticas.
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En relación con los señalamientos sobre su situación patrimonial, explicó que desde su nacimiento ha residido en el sector Gazcue, en el mismo edificio donde su familia es propietaria desde 2007. Detalló que en 2023 adquirió en ese inmueble un apartamento de dos habitaciones, contiguo a la vivienda de sus padres, por un valor aproximado de RD$10.7 millones, mediante una operación crediticia ordinaria financiada en un 80 % con un préstamo hipotecario y en un 20 % con un préstamo personal.
Según precisó, el inmueble tiene una superficie de 105.43 metros cuadrados habitables, acceso a la azotea y mantiene un saldo de deuda superior al 95 % del capital financiado, con un plazo restante de 18 años, información que afirmó puede ser verificada mediante certificaciones bancarias.
Féliz García también aclaró que un vehículo adquirido en años anteriores fue financiado mediante un préstamo bancario, posteriormente vendido en 2025, destinándose el producto de la venta al pago total de la obligación correspondiente, y que una sociedad mercantil constituida en la provincia de Pedernales no desarrolló operaciones reales ni actividad comercial efectiva.
El exrector señaló que durante más de cinco años de servicio público tuvo bajo su responsabilidad la administración de recursos del Estado bajo esquemas de control, cumplimiento y transparencia, tanto en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) como en el Ministerio de la Juventud y el ITLA, donde indicó que se implementó el Sistema Integrado de Gestión Institucional con normas internacionales ISO en calidad, cumplimiento y antisoborno.
Finalmente, reiteró su respeto al derecho a la libertad de expresión y expresó su confianza en que el tiempo y las investigaciones permitirán esclarecer los hechos y normalizar la situación.
