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Santiago.- El representante legal de la diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, declaró este jueves no temer a la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) en contra de su cliente, por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El abogado Esteban Pérez aseguró que el órgano acusador carece de fundamentos para mantener la imputación contra la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
En ese sentido, indicó que Pilarte tiene sus cuentas claras en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con el pago al día de todos sus tributos.
El Ministerio Público depositó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la legisladora, identificada como integrante de la supuesta red que encabezaba su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado de dirigir la presunta organización criminal.
Según ha establecido el Ministerio Público en el proceso, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero.
Proceso en La Vega
Micky López y sus hijos José Miguel López Pilarte, regidor del PRM, y Miguel Arturo López Pilarte, así como su cuñada, Ada María Pilarte, cumplen actualmente medidas de coerción de presentación periódica, después de que se les retiraran los grilletes electrónicos en octubre del 2022.
La semana pasada la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega dispuso el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, como medida de coerción a su cuñado, Manuel Antonio Ynoa Valdez, a quien se le atribuye ser testaferro de la familia.
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Para el próximo viernes 11 del corriente mes está previsto continuar con la audiencia preliminar del caso contra Micky López y compartes en el juzgado de la Instrucción del distrito judicial de La Vega.
El presunto cabecilla de la red es acusado de haber realizado movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones.
