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Santo Domingo.- La defensa técnica del general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso de supuesta corrupción conocido como Coral, explicaron este viernes el contexto la interpelación realizada el pasado jueves.
El Lic. Carlos Martínez sostuvo que desde el principio del proceso judicial, se han mantenido denunciando que no se han respetado los derechos fundamentales de su defendido y no han compartido información del proceso.
“En este caso, el conoció un proceso, el no participó de ese proceso, hizo solicitudes para participar en el proceso del Ministerio Público sin obtener respuestas, pidió participar en informativos, en investigaciones, tal como establece la norma que tiene derecho a hacer y el Ministerio Público no lo hizo” sostuvo Martínez.
Los abogados alegan que cuando se presentó la acusación, su defendido pasó a ser parte de otro proceso que desconocía, denominado “Coral 5G”, del cual aseguran que no formó parte, razón por la que denuncian que Cáceres Silvestre fue incluido en la persecución sin haber participado en la etapa necesaria previa.
Martínez agregó que “como si este cuento de terror y esta dinastía del terror y del abuso a la ley no fuera suficiente, cuando estamos aquí se aparece un nuevo acusador con características particulares”, siendo esta la cuarta acusación en contra de Cáceres Silvestre.
En ese sentido, la defensa alega que al no ser de su conocimiento no se ha podido defender de una manera adecuada contra esta cuarta acusación. Es por esto que explicó que en ese orden, la ley establece la anulación del procedimiento.
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Los abogados expresaron que simplemente piden “que las consecuencias que la ley establece frente a todo agente público que haya prometido respetar la constitución y no lo haya hecho, sea sometido al escrutinio”.
Se recuerda que la defensa de Cáceres ha solicitado a la Cámara de Diputados y del Senado, que se realice una interpelación a los directores de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República.
Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
