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Santo Domingo.- El Ministerio Público ha pedido prisión preventiva contra 12 arrestados en el marco de la operación Gavilán, que desmanteló una red integrada supuestamente por fiscales, empleados administrativos y policías que eliminaba los antecedentes penales de delincuentes a cambio de sobornos.
La medida de coerción será conocida esta viernes a las 10:ooam de la mañana.
Según informó este jueves la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía ha solicitado también ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que el caso sea declarado complejo.
Como medida de coerción, los fiscales han pedido prisión preventiva para Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la PGR; Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
También se solicita para los empleados de la Procuraduría Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, para Yokaira Elizabeth Carmona, el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Además, se investiga al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar que se designe un juez especial, como se establece en casos contra servidores del sistema judicial.
Asimismo, la PGR ha puesto en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
El martes pasado, se produjeron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís en los que se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, pruebas de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
Del borrado de antecedentes penales se habrían beneficiado sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales e imputados por violencia de género, adulteración de alcohol o secuestro.
Entre ellos están Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV contra el microtráfico de drogas a gran escala.
Incluso, personas que cumplen penas de treinta años de prisión figuran sin antecedentes penales en los registros oficiales.
A los detenidos se les imputan los cargos de asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, así como violación a la Ley sobre la Función Pública y delitos de alta tecnología en perjuicio del Estado, dentro de una estructura nacional dedicada durante años a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diferentes delitos.
