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La expansión de los comercios de origen chino en República Dominicana ha modificado la estructura del mercado local en menos de una década. Sus precios bajos, su capacidad de importación y su presencia en casi todas las provincias han generado un debate que enfrenta a consumidores, comerciantes dominicanos y expertos tributarios.
La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) estima que estos establecimientos mueven alrededor de RD$1,000 millones diarios en ventas, lo que equivaldría a RD$365,000 millones al año. Según sus cálculos, si ese volumen estuviera totalmente sujeto al ITBIS, el Estado debió percibir unos RD$70,000 millones, cifra equivalente “a la mitad de una reforma fiscal”.
Una relación económica asimétrica Para comprender el fenómeno, la abogada en derecho tributario Pablita Cabrera recuerda el punto de partida: la apertura diplomática y comercial con la República Popular China en 2018. Afirma que ese acuerdo se firmó sin considerar las profundas diferencias estructurales entre ambas economías.
“Nosotros exportamos hacia China alrededor de US$240 millones, y ellos exportaron para acá más de US$6,400 millones”, explica. Desde su perspectiva, esa brecha se trasladó al comercio minorista, donde los establecimientos de origen chino operan con costos y márgenes que el comercio dominicano tradicional no puede igualar.
La visión del sector chino: libre comercio y economía de escala
La fundadora del Barrio Chino de Santo Domingo, Rosa Ng, rechaza el concepto de “competencia desleal”. Asegura que el sector opera dentro del marco del libre comercio, y que vender más barato no es una irregularidad sino un resultado de las condiciones de compra.
“Cada quien vende acorde con lo que considera que vale lo que vende”, afirma.
Ng también sostiene que los comercios chinos cumplen con la tributación. “Los chinos pagan impuestos. Si no fuera así, ya yo no estaría ahí en la Aduana”, expresa, insistiendo en que Aduanas posee mecanismos para detectar valores inflados o subvaluados.
Subvaluación, efectivo y trazabilidad.
El punto más controversial del debate gira en torno al proceso de importación. La FDC asegura que existen diferencias significativas entre los valores declarados por comerciantes dominicanos y comerciantes chinos. Exponen casos donde un artículo es declarado por un dominicano a US$50, mientras que otro importador lo presenta a US$5.
Ng señala que parte de esa diferencia proviene de la economía de escala y del acceso directo a fábricas en China, lo que reduce los costos de origen. Sin embargo, Cabrera considera que estas brechas alimentan un espacio para la subvaluación que debe ser investigado.
La especialista agrega que el uso masivo de efectivo también dificulta el control fiscal: “Son cantidades monstruosas. No hay forma de que el Estado se entere de cuánto se maneja en efectivo sin comprobantes”.
Expansión territorial y concentración empresarial
El fenómeno también es visible en el territorio. Los comercios chinos están presentes en Santo Domingo, Santiago, La Vega, Mao, Constanza y todos los municipios fronterizos. Comerciantes afirman que existe una estructura centralizada de importación controlada por un pequeño grupo empresarial que distribuye mercancía a decenas de tiendas familiares.
Para unos, se trata de un modelo eficiente. Para otros, una concentración que desplaza a los negocios locales y altera el equilibrio comercial.
Un debate que sigue abierto
La discusión no tiene una sola respuesta. Consumidores valoran el ahorro; comerciantes dominicanos reclaman regulaciones más estrictas; y autoridades tributarias y aduaneras intentan cerrar brechas en un mercado que se mueve con rapidez.
Lo que sí es evidente es que este modelo ya transformó el comercio dominicano. La pregunta ahora es si esa transformación puede sostenerse dentro de las reglas existentes, o si el país necesitará un nuevo enfoque regulatorio para garantizar un mercado competitivo y equilibrado.
