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Santo Domingo.– La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados estudia dos proyectos de ley que buscan establecer un marco regulatorio para los activos digitales y las criptomonedas en la República Dominicana.
Las iniciativas corresponden a propuestas sometidas por los diputados Jorge Frías y Carlos de Pérez Juan, las cuales plantean la regulación, control y prevención de riesgos asociados a estas operaciones financieras emergentes.
Durante una reunión celebrada en el salón Juan Pablo Duarte, la comisión contó con la participación de especialistas del sector financiero y tecnológico, quienes expusieron sobre el crecimiento del uso de activos digitales y la necesidad de una legislación clara que regule el ecosistema.
El gerente general de FINLABS, José Frank Almeyda Pastor, señaló que el país registra un aumento significativo en la adopción de criptomonedas, pero aún carece de un marco legal específico. Propuso, además, unificar ambas iniciativas en un solo proyecto, abrir un proceso de consulta pública de 60 días y contar con asesoría técnica internacional en coordinación con el Banco Central.
Por su parte, el diputado Carlos de Pérez sugirió ampliar el proceso de consultas con la participación de instituciones como el Banco Central, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Superintendencia del Mercado de Valores, así como expertos y representantes del sector privado.
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En el encuentro también se abordaron los riesgos asociados a los activos digitales. La diputada Idenia Doñé insistió en profundizar el análisis de estos aspectos, mientras que los especialistas advirtieron que la falta de regulación incrementa la vulnerabilidad de los usuarios.
El presidente de la comisión, Francisco Javier Paulino, calificó la reunión como productiva y aseguró que los legisladores continuarán evaluando ambas propuestas para definir el modelo regulatorio más adecuado para el país.
La comisión reiteró la importancia de mantener el diálogo con actores del sistema financiero y tecnológico, con el objetivo de que cualquier legislación garantice innovación, seguridad jurídica y desarrollo económico.
