Santo Domingo.- La designación hecha ayer por el presidente Luis Abinader al ex director general de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), Bartolomé Pujals, como embajador representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), viola la ley, ya que establece una experiencia en el área de cinco años.
Según establece la ley 491-06 de la Aviación Civil, en su artículo 223, el designado debe de poseer experiencia comprobada por más de cinco (5) años en materia aeronáutica. Deberán además, acreditar su competencia en materia de transporte aéreo.
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“Artículo 213.- El representante permanente de la República Dominicana, ante el Consejo de la OACI y su suplente, si lo hubiere, deberán poseer experiencia comprobada por más de cinco (5) años en materia aeronáutica. Deberán además, acreditar su competencia en materia de transporte aéreo”.
Se recuerda, que Bartolomé Pujals ha estado envuelto en escándalo por supuestas irregularidades en la OGTIC.
Controversia en OGTIC
Bartolomé Pujals fue removido ayer de la Ogtic mediante decreto por el presidente Luis Abinader y designado como embajador de la República Dominicana ante la OACI.
Sin embargo, este movimiento en el gabinete de Abinader llama a la atención porque recientemente Pujals había estado en el ojo del huracán por el coste del alquiler del edificio donde operaba la Ogtic.
Pujals había defendido el acuerdo de alquiler del edificio que alberga la institución que dirige por un monto total de RD$ 10,720,885.09 pesos mensuales por 10 años, lo cual ascendería a 1,400 millones de pesos.
Pujals indicó que a través de la Ogtic se gestionan 475 portales para distintas instituciones del Estado, además de proveer firmas digitales a 188 de estas y los funcionarios que la componen.
Expresó que la Ogtic no ha derogado 1,400 millones, sino que, dicha institución realiza pagos mensuales de 8,025.170 de pesos más ITBIS y mantenimiento durante 10 años.
Otros de los argumentos que usó fue que la negociación del contrato se llevó a cabo con transparencia, bajo la supervisión del Comité de Compras y Contrataciones de la Ogtic, pero además totalmente alineada a la nueva normativa establecida en 2022 por la Contraloría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones para regular todos los procesos de alquiler a través del portal de compras públicas.
