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Santo Domingo.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) realizó encuentros simultáneos en seis instituciones públicas para explicar el alcance del Decreto 166-25, que establece sanciones por incumplimiento de las normas de transparencia.
Las reuniones se llevaron a cabo en la DIGEIG, MICM, MAP, DIGEPRES, OGTIC e INDOCAL, con la participación de más de 300 servidores públicos, responsables de acceso a la información y técnicos de Oficinas de Acceso a la Información (OAI), como parte de las actividades de la Semana del Derecho a Saber 2025.
Durante los encuentros, se detalló el funcionamiento de la transparencia activa, que implica la publicación de informaciones en los portales institucionales, y la transparencia pasiva, que responde a solicitudes ciudadanas a través del Portal SAIP.
El Decreto 166-25 establece que el incumplimiento puede conllevar sanciones administrativas, inhabilitación para funciones públicas y penas de prisión de seis meses a dos años, según lo dispuesto en las leyes 200-04 y 41-08.
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También se presentó la Matriz de Responsabilidad Informacional, que asigna tareas de cumplimiento a cada área institucional y forma parte de los acuerdos de desempeño individual. Su cumplimiento será evaluado mensualmente por la DIGEIG.
La directora de la institución, Milagros Ortiz Bosch, destacó que estas medidas buscan fortalecer el acceso a la información pública y preparar el camino hacia una futura Ley de Protección de Datos Personales.
