English
Santo Domingo fue la provincia con mayor incidencia de casos
Santo Domingo.- La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, informó que, al menos 93 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos en el año 2025 de los 59 feminicidios cometidos por parejas o exparejas, los cuales urgen de protección integral por el Estado.
Hablando en rueda de prensa, Fondeur advirtió que no se trata de contar víctimas, sino de visibilizar una grave violación a los derechos humanos de mujeres que vivieron historias profundas de sufrimientos.
“La menor asesinada tenía apenas 15 años y la mayor 82. Lamentablemente, los feminicidios se ejecutan cada vez de forma más despiadada, incluyendo el asesinato de hijos (violencia vicaria) y suegras. Insistimos en que se hace necesario medir o cuantificar para poder prevenir y transformar esta realidad con políticas públicas eficaces”, expresó.
Te puede interesar: Muertes violentas sacuden comunidades del país en la semana de Navidad
Acompañada de Mildred Josefina Bergés de Sánchez Noble, Verónica Sanción y Amarilys Durán Salas, directivas de la Fundación, Fondeur precisó que 44 de los feminicidios ocurrieron dentro de las viviendas de las víctimas, confirmando esto que el hogar sigue siendo el espacio más peligroso para las mujeres que deciden poner fin a una relación violenta.
Puntualizó que, del total de víctimas, 32 tenían menos de 35 años, lo que representa un 54.24 por ciento; cinco eran menores de edad, 53 eran dominicanas, 6 haitianas y una alemana.
Además, reveló que las provincias con mayor incidencia fueron Santo Domingo (13 casos), Santiago (8 casos) y San Cristóbal (7), siendo julio el mes más sangriento. En igual proporción, nuestros indicadores revelan que los agresores utilizaron en igual cantidad armas de fuego y armas blancas (21 casos cada una), además de golpes y quemaduras.
11 de los asesinatos fueron cometidos por policías y militares
Dijo que otro dato alarmante revelado en las estadísticas de las publicaciones de los medios de comunicación es que en 11 feminicidios los agresores eran miembros activos o retirados del Ejército y la Policía Nacional, quienes utilizaron sus armas de reglamento para asesinar a sus parejas.
“Entendemos que las evaluaciones psicológicas obligatorias a miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas deben ser periódicas y acompañadas de un mensaje claro: el uniforme no puede servir de autoprotección para ejercer violencia”, afirmó Fondeur.
Opinó que, si bien se registró una disminución de un 17 por ciento en las estadísticas de los feminicidios con relación a los 71 del año 2024, la misma no debe interpretarse como una solución al problema, debido a que hubo múltiples intentos de feminicidios que milagrosamente no se consumaron como los casos de Yoenny Berenice Urbáez Feliz, Melissa de Jesús y Liselot Polanco, lo que evidencia que la violencia machista sigue siendo extrema.
Fondeur insistió en que los hijos e hijas de las víctimas de feminicidios viven en un estado de desprotección y deben ser incluidos en su totalidad y de manera prioritaria en los programas del Ministerio de la Mujer y del CONANI.
Llamado a fortalecer políticas públicas y actuar antes de la tragedia
Finalmente, la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia planteó la urgencia de:
1. Optimizar el sistema institucional de registro de feminicidios;
2. Educar en convivencia pacífica como prioridad desde la infancia;
3. Garantizar que la justicia llegue a tiempo, con firmeza y sin impunidad; y
4. Diseñar e implementar un Protocolo Nacional de Alto Riesgo Feminicida para Mujeres en Proceso de Separación que permita identificar, prevenir y neutralizar riesgos, de forma que se actúe con anticipación y de manera eficaz.
