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Mientras los apagones se multiplican y las pérdidas del sistema eléctrico superan el 37 %, decenas de instituciones del Estado dominicano han optado por comprar su propia energía.
Desde 2017 hasta marzo de 2025, el gobierno ha realizado más de mil procesos de compra de inversores, baterías y soluciones energéticas similares, por un monto superior a RD$310 millones. No se trata solo de instituciones del sector eléctrico, sino de organismos de salud, atención social, programas de gobierno y oficinas administrativas que, ante la inestabilidad del servicio, han decidido blindarse.
El listado lo encabeza el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE/CAL), con casi RD$30 millones en compras de inversores. Le siguen:
- El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI): RD$17.7 millones.
- El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI): RD$17.2 millones.
- El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales: RD$12.9 millones.
- La Dirección General de Pasaportes, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, INFOTEP, entre muchas otras.
Pero también figuran las propias instituciones encargadas de asegurar el funcionamiento del sistema eléctrico:
- EDESUR, con casi RD$12 millones.
- EDENORTE, con más de RD$7.4 millones.
- La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID): RD$5.1 millones.
- La Superintendencia de Electricidad: RD$3.1 millones.
- La Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía y Minas también aparecen en la lista.
El ingeniero Bernardo Castellanos, experto en el sector, cuestiona esta práctica: “Todas las instituciones públicas tienen plantas de emergencia. ¿Entonces para qué compran inversores? A menos que ni ellas confíen en el sistema que manejan.”
Este fenómeno ocurre en paralelo a un sistema con déficits crecientes. Solo en 2024, el Estado transfirió más de US$1,800 millones a las empresas distribuidoras. Para este 2025, el Presupuesto contempla RD$83,000 millones.
Y aunque la promesa oficial siempre ha sido mejorar el servicio, reducir pérdidas y garantizar energía continua, las pérdidas acumuladas siguen creciendo, y la inversión no se traduce en resultados. Desde 2009, el país ha tomado más de US$3,800 millones en préstamos para el sector eléctrico, incluyendo fondos del Banco Mundial y del BID. Muchos de esos fondos aún están en ejecución, pero según Castellanos, el enfoque ha sido equivocado: “Se han gastado en estudios, foros y giras internacionales, pero no en proyectos concretos para reducir pérdidas.”
El panorama es contradictorio: mientras el Estado gasta miles de millones en subsidios y préstamos para rescatar el sistema, sus propias instituciones hacen fila para comprar energía aparte. Porque cuando la luz no llega, cada quien resuelve como puede… incluso el Gobierno.
