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La Cámara de Cuentas ha vuelto al centro del debate. Con la entrada en funciones de sus nuevos miembros y la promulgación de la Ley 18-24, el órgano responsable de fiscalizar los fondos públicos en República Dominicana inicia una etapa de renovación institucional... o de reconfiguración del poder, según a quién se escuche.
En el papel, la nueva ley promete eficiencia, transparencia y control. En la práctica, ha provocado una concentración inédita de atribuciones en la figura del presidente del órgano, lo que ha encendido las alertas de actores políticos, expertos en derecho administrativo y antiguos funcionarios de la misma institución.
“La ley no fue pensada para mejorar la Cámara, fue para resolver un lío político”, afirma sin rodeos Andrés Terrero, expresidente del organismo, en entrevista. Y añade: “El presidente es ahora prácticamente un superintendente. Se eliminó el equilibrio del Pleno”.
Un nuevo equipo con experiencia... y pasado
Emma Polanco, exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, encabeza el nuevo Pleno. Con ella, llegan cuatro figuras con largo historial técnico: auditores, especialistas en gasto público y abogados con experiencia en la defensa de funcionarios acusados de corrupción.
El Senado los aprobó con mayoría, y su mandato se extenderá hasta 2029. Pero desde antes de juramentarse, algunos de sus perfiles ya habían generado inquietud. Francisco Alberto Franco Soto, por ejemplo, formó parte de las defensas en los casos “Medusa” y “Coral”, mientras que Polanco ha sido señalada por presuntos conflictos de interés relacionados con la UASD, institución que ahora podría ser auditada por un órgano que ella dirige.
Una ley con más dientes… para unos
La Ley 18-24 sustituye la vieja Ley 10-04 y otorga nuevas herramientas para sancionar a funcionarios que malversen fondos públicos, desde multas de hasta mil salarios mínimos hasta la destitución. También refuerza el régimen disciplinario interno para los servidores de la Cámara. Pero deja sin mecanismos claros de sanción a sus propios miembros: el único camino sigue siendo el juicio político ante el Senado, una vía poco usada y con fuerte carga política.
“Eso lo vivimos”, recuerda Terrero. En 2008, él mismo enfrentó un proceso de destitución que no prosperó. “En este país no hay voluntad para sancionar a quienes tienen poder político detrás. Y la Cámara no es la excepción”, sostiene.
Centralización y silencio institucional
Uno de los artículos más polémicos de la ley es el que permite al presidente del órgano definir la agenda, proponer al secretario general, autorizar gastos y firmar auditorías adicionales fuera del plan anual. Además, sus decisiones se imponen en caso de empate.
Otro punto cuestionado es la restricción en la publicación de actas de sesiones. Aunque la ley obliga a difundirlas, excluye aquellas que traten auditorías o informes hasta que estén “ejecutados”. En un país donde algunos informes duermen años en los archivos, eso equivale —para muchos— a institucionalizar la opacidad.
¿Fiscalizar al Congreso?
Pese a las críticas, Terrero cree que el nuevo Pleno tiene una oportunidad histórica. “Podrían casarse con la gloria si empiezan auditando al Congreso”, lanza como reto. Y remata: “Pero eso implica romper compromisos con quienes los eligieron”.
De hecho, la independencia de los miembros ha sido objeto de debate. Actualmente, no hay restricciones claras para que exfuncionarios participen en la selección de quienes dirigirán la Cámara. Para Terrero, eso debería cambiar. “Quien haya tenido poder de designación, no puede ser parte del proceso de evaluación por al menos ocho años. Eso es básico”.
Una institución con heridas abiertas
Fundada en 1854, la Cámara de Cuentas ha atravesado múltiples reformas. La de 2004 prometía modernización; la de 2024 promete control. Pero los escándalos han sido constantes: aumentos salariales cuestionables, conflictos internos, investigaciones por corrupción y renuncias forzadas.
En 2023, el entonces presidente Janel Ramírez lo resumió así: “Esta institución tiene una maldición”. Una frase que aún resuena entre quienes siguen creyendo que la fiscalización debe estar por encima de cualquier interés político.
Ahora, con un nuevo equipo, una nueva ley y viejas dudas, la Cámara de Cuentas enfrenta un reto monumental: demostrar que no solo cambió de rostro, sino de rumbo.
Por Ángela Ramírez
