Santo Domingo – La Ley de Tránsito de la República Dominicana No. 63-17, vigente desde 2017, fue creada para regular el transporte terrestre, tránsito, movilidad y seguridad vial. Sin embargo, la situación en las calles sigue siendo preocupante.
Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2023 ocurrieron 1,949 muertes por accidentes de tránsito, lo que representó el 42 % de las muertes accidentales y violentas de ese año.
Esta alarmante cifra subraya la necesidad urgente de cambios en la ley para mejorar la seguridad vial. A pesar de que el número de muertes por accidentes ha fluctuado en los últimos 17 años, la cifra sigue siendo inaceptablemente alta, con un promedio anual de 1,844 víctimas. A raíz de estos incidentes, el gobierno y diversos actores clave están impulsando modificaciones para mejorar la seguridad en las vías.
Uno de los casos más recientes que ha conmovido al país es el trágico accidente de Aída Nicole Reyes Gómez, una joven de 21 años que perdió la vida en un siniestro ocurrido el 26 de febrero. Su muerte resalta la grave situación de tránsito y las deficiencias en la aplicación de la ley.
Raquel Guzmán Torres, responsable del accidente, fue sometida a pruebas de alcoholemia que, aunque arrojaron resultados por encima del límite permitido, no fueron consideradas adecuadamente en el proceso judicial.
Te puede interesar: Tras reportaje de Bajo El Foco, MVED reconstruirá casa a pareja de ancianos
Este tipo de casos genera gran impotencia en la población y resalta la necesidad de que se tomen medidas más estrictas y eficaces. En respuesta, se están proponiendo reformas a la ley que incluyen sanciones más severas, un mayor control en la fiscalización y una educación vial más efectiva, tanto en escuelas como en sectores urbanos y rurales.
Entre las principales modificaciones propuestas están:
La extensión del período de prescripción de las infracciones.
La retención de vehículos por infracciones graves.
La implementación de pruebas de alcoholímetro en horarios nocturnas.
Expertos en seguridad vial, como Fran Aristy, sostienen que es vital que las multas sean aleccionadoras pero razonables y alcanzables, y que se promueva una educación vial desde las escuelas.
