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Santo Domingo, R.D. – La Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), en conjunto con la División de Delitos Informáticos (DIDI) del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), inició una investigación tras una denuncia interpuesta por la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), hoy convertida en la Dirección de Desarrollo Social, por supuestas irregularidades en el manejo de subsidios dirigidos a beneficiarios del programa Supérate en la provincia La Vega.
Según la denuncia, presentada el pasado 6 de marzo de 2025, varios beneficiarios del Programa Valle Nuevo Agricultura Familiar reportaron que no habían recibido los subsidios correspondientes al mes de febrero. A raíz de estas reclamaciones, el programa Supérate contactó a ADESS para validar la entrega de los fondos, lo que dio inicio a una investigación interna.
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Las pesquisas revelaron que Mariano Alberto Ramírez Hilario, quien laboraba en el área de Tecnología de la Información de ADESS, otorgó acceso ilícito a Ismael Suero Nova, un exempleado del área de bases de datos, quien había sido desvinculado de la institución desde el 12 de noviembre de 2024.
A pesar de haber salido formalmente de la entidad, Suero Nova accedió posteriormente al sistema utilizando sus credenciales y modificó, sin autorización, las cuentas bancarias de múltiples beneficiarios. Según el Ministerio Público, desvió los fondos a cuentas de familiares, amigos y exempleados, alterando la información de los tarjetahabientes en la base de datos oficial.
Una auditoría forense realizada por peritos de PEDATEC permitió identificar los accesos irregulares y las cuentas alteradas. Como resultado, el Ministerio Público procesó a ambos exempleados, quienes actualmente guardan prisión preventiva como medida de coerción.
Además, en esta primera fase de la investigación, se logró recuperar la totalidad de los fondos desviados, que se encontraban en poder de allegados a los implicados. El dinero fue remitido a la Dirección de Desarrollo Social, según lo establece el Decreto 160-2025, que transforma la antigua ADESS.
Las autoridades aseguraron que continuarán vigilantes para proteger los fondos públicos destinados a la población más vulnerable, reforzando los mecanismos de seguridad tecnológica y trazabilidad en los programas sociales.
