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Con la designación de un nuevo Pleno y la entrada en vigor de la Ley 18-24, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se enfrenta a un proceso de transformación institucional que ha reavivado tanto las esperanzas de reforma como las críticas por concentración de poder y opacidad.
El nuevo órgano está presidido por Emma Polanco, exrectora de la UASD, acompañada por Francisco Tamarez Florentino, Ramón Méndez Acosta, Francisco Alberto Franco Soto y Griselda Gómez Santana. Aunque sus perfiles acumulan experiencia técnica en auditoría, administración pública y derecho, su designación ha sido objeto de cuestionamientos debido a vínculos previos con sectores políticos y casos de alto perfil.
La Ley 18-24, que deroga la anterior 10-04, otorga amplios poderes a la figura presidencial dentro de la Cámara, reduciendo en la práctica el carácter colegiado del órgano. El presidente controla la agenda, las designaciones de personal, la ejecución administrativa, y tiene voto dirimente en caso de empate, mientras que los demás miembros "actuarán bajo su orientación y dirección", según el artículo 18 de la nueva legislación.
Para el expresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero, esta reconfiguración concentra el poder en detrimento de la institucionalidad. “Eso es un error craso de esa ley”, afirmó, al considerar que se socava la autonomía de los demás miembros del Pleno.
En esta ley, el juicio político continúa siendo el único mecanismo de sanción contra los miembros del Pleno.
Otro aspecto criticado es la limitación en la publicación de actas. Aunque el artículo 40 establece su obligatoriedad, se exceptúan las que contengan debates sobre auditorías hasta que estén ejecutadas, lo que en la práctica puede significar años de espera o su omisión definitiva.
La ley también permite que las instituciones públicas contraten auditorías privadas sin aprobación previa de la Cámara de Cuentas, siempre que no sustituyan su rol constitucional. Sin embargo, Terrero señala que esto ya estaba contemplado en la ley anterior, con la diferencia de que era la propia Cámara de Cuentas la que contrataba a la empresa, un mecanismo que fue declarado inconstitucional.
A pesar de la promesa de mayor participación ciudadana, el reglamento para canalizar auditorías especiales aún no se ha emitido, y expertos consideran que este derecho ya estaba garantizado por normativas previas.
En palabras de Terrero, el nuevo Pleno tiene la oportunidad de marcar un antes y un después, pero advierte: “Si se dejan arrastrar por compromisos de gratitud, perderán la oportunidad de casarse con la gloria”. Sugiere que la primera acción del órgano debería ser una auditoría al propio Congreso Nacional, como señal de independencia.
Fundada en 1854, la Cámara de Cuentas ha sido blanco constante de escándalos: desde aumentos salariales exorbitantes hasta investigaciones por corrupción. Las reformas de 2004 tampoco lograron blindarla del descrédito. Ahora, con una ley más moderna, pero polémica, y un equipo nuevo, la institución se mueve entre la expectativa y la desconfianza.
El reto, coinciden analistas y exmiembros, no es solo legal, sino ético: romper con un pasado de negligencia institucional y cumplir su misión de fiscalizar con rigor y transparencia los recursos del Estado.
Por Ángela Ramírez
