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Santo Domingo.– El abogado y comunicador Rafael Linares afirmó durante una entrevista concedida al periódico Último Minuto que la decisión del Cuarto Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional de dictar auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y otros implicados en el Caso Calamar demuestra las debilidades de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Linares sostuvo que desde el inicio del proceso consideró que el expediente tenía un fuerte componente político y que fue utilizado para afectar a dirigentes de la oposición, especialmente a Gonzalo Castillo, quien fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2020.
A su juicio, la decisión del tribunal confirma que el Ministerio Público no logró sustentar con pruebas suficientes varios de los señalamientos formulados contra los imputados durante la investigación.
El abogado cuestionó además la forma en que se construyó el expediente y criticó el uso de acuerdos con colaboradores y testimonios que, según afirmó, no lograron sostener las acusaciones ante la justicia.
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Asimismo, consideró que el fallo representa un revés para el órgano acusador y señaló que las autoridades deben concentrar mayores esfuerzos en enfrentar problemas que afectan directamente a la población, como la delincuencia, la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
Sobre las declaraciones ofrecidas por Gonzalo Castillo tras conocerse la decisión judicial, Linares expresó que resulta natural que el dirigente político retome su actividad pública luego de haber sido favorecido con un auto de no ha lugar.
Finalmente, afirmó que la decisión judicial constituye un hecho relevante para el escenario político nacional y sostuvo que los procesos penales deben estar respaldados por pruebas sólidas para garantizar la credibilidad de la justicia y el respeto al debido proceso.
Las declaraciones de Rafael Linares fueron ofrecidas durante una entrevista concedida al periódico Último Minuto, en la que analizó las implicaciones jurídicas y políticas de la decisión emitida por el tribunal en el Caso Calamar.
