Sánchez Ramírez, RD. – El viceministro de Minas, Miguel Ángel Díaz, defendió el proceso que ha llevado el gobierno dominicano en relación con la reubicación de comunidades en Zambrana, Cotuí, para la construcción de una nueva presa de colas de la minera Barrick Gold. En sus declaraciones, el funcionario enfatizó que el Estado ha actuado conforme a las normativas vigentes y aseguró que el conflicto con los comunitarios responde a la necesidad de garantizar el derecho al tránsito.
«No es explotación minera, sino una necesidad técnica»
El viceministro explicó que el decreto 270-22, emitido en mayo de 2022, no autoriza la explotación minera en la zona, sino que busca viabilizar la construcción de la nueva presa de colas, necesaria para la continuidad de las operaciones de la mina Pueblo Viejo.
“El decreto establece que no se trata de una explotación minera, sino de un proyecto condicionado a estudios de impacto ambiental y factibilidad”, afirmó Díaz.
Según sus declaraciones, Barrick Gold presentó un estudio de impacto ambiental aprobado en 2023 y actualmente se encuentra en proceso de licitación la empresa que realizará el estudio de factibilidad.
Rechazo inicial y traslado del proyecto a Zambrana
Díaz recordó que la empresa minera había solicitado desde 2019 realizar estudios para una nueva presa de colas en la provincia Monte Plata. Sin embargo, el rechazo de las comunidades llevó al gobierno a evaluar otras zonas, seleccionando finalmente el municipio de Zambrana Arriba, lo que implicaría el reasentamiento de seis comunidades: El Naranjo, El Rayo, Ligo, Arroyo Vuelta, Plaja, Las 3 Bocas y Las 2 Palmas.
“Siempre ha sido un reasentamiento involuntario, pero hemos trabajado desde octubre de 2022 como mediadores entre la empresa y las comunidades para que sea un proceso exitoso”, sostuvo el viceministro.
Sobre la represión en Zambrana: «El Estado tiene que hacer valer la Constitución»
Con respecto a los enfrentamientos entre comunitarios y militares el pasado 8 de enero, Díaz justificó la actuación de las fuerzas del orden, alegando que las comunidades llevaban meses impidiendo el tránsito en la zona, afectando las operaciones mineras y contratos con terratenientes.
“Llevamos un proceso muy largo solicitando a la comunidad que no obstruyan el tránsito. La Barrick tenía contratos para hacer perforaciones y no podían llevar a cabo sus trabajos. Llegó un momento en que como Estado tuvimos que hacer valer la Constitución y garantizar el derecho al tránsito”, explicó.
No obstante, cuando se le preguntó sobre los reportes oficiales del incidente, el viceministro admitió que aún no contaban con información concreta sobre las órdenes dadas a los militares.
“Tenemos que pedirle el reporte al coronel jefe de seguridad del Ministerio. Yo no estaba presente”, reconoció.
El futuro del proyecto y el estudio de factibilidad
Díaz aseguró que el estudio de factibilidad de la nueva presa de colas será determinante para definir el futuro del proyecto y que, de no cumplir con los criterios técnicos adecuados, se harán las correcciones necesarias.
“El estudio de factibilidad tiene que darnos esa seguridad. Si no la tiene, sencillamente le diremos a la empresa que debe corregir lo que haga falta”, aclaró.
No obstante, las comunidades afectadas consideran que el proceso ha estado viciado desde el inicio, señalando que el gobierno ya ha tomado la decisión de llevar adelante la construcción de la presa «sí o sí».
Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Bajo El Foco, una producción del periódico De Último Minuto, transmitido por El Seis y bajo la realización de la periodista Pamela Rojas. El reportaje presentó testimonios de los comunitarios afectados y expuso el conflicto que mantiene en tensión a las comunidades de Sánchez Ramírez.
La incertidumbre persiste en Zambrana, donde los comunitarios continúan oponiéndose a ser desplazados de sus tierras, mientras el gobierno mantiene su postura de que el proyecto es una necesidad para la industria minera en el país.
