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Son muchos los indicios, y sobre en cierta forma las evidencias concretas, que llevan a considerar que Estados Unidos es una sociedad de marcados contrastes, dicotomías y paradojas que no deberían ser, tomando en cuenta su gran desarrollo político e institucional.
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que echó por tierra conquistas de derechos de las mujeres logrados hace 50 años, es parte de esas marcadas contradicciones.
Pero vayamos un poco más atrás. A fuerza de sangrientas luchas, las minorías raciales—especialmente la población afrodescendiente—logró que se les reconocieran ciertos derechos civiles y se dejara de tratarlas como a sus ancestros esclavos que valían menos que los animales que cuidaban.
Fueron décadas, no solo de represión pura y simple, sino de persecuciones despiadadas, llegando al borde de la cacería, y asesinatos masivos que solían quedar sin sanciones judiciales, pues se consideraba que los negros no eran seres humanos.
Una masacre tras otra. Una de las peores ocurrió en 1921 en Tulsa, Oklahoma, donde decenas de negros fueron asesinados y sus viviendas y sus negocios arrasados por los incendios provocados por los blancos, increíblemente ayudados por las autoridades, tras lo cual los afrodescendientes que quedaron vivos tuvieron que escapar hacia ninguna parte, pues en todos lados encontrarían el mismo salvajismo.
Esa despiadada acción nunca fue juzgada y los responsables quedaron impunes y cometiendo más barbaries cada vez peores.
Luego de épicos episodios en defensa de las libertades civiles, muchos derechos fueron arrancados, pero todavía hoy los negros son una población preterida y a merced de cualquier criminal blanco que se quiera cebar contra ellos, muy a pesar de las prédicas venidas de lo alto del poder.
Y aquí quiero hacer conexión con el título de esta entrega, pues mientras se predica una cosa para hacer creer que Estados Unidos es una democracia perfecta, en la práctica se generan situaciones que apuntan en la dirección contraria.
El derecho de una mujer a interrumpir un embarazo no deseado o producto de la agresión sexual—que hasta puede ser de un desconocido—no se lo debe regatear ningún poder del Estado sin trasgredir esa prerrogativa individual.
Es justamente lo que han hecho los conservadores que dirigen el Poder Judicial de los Estados Unidos, lo cual remite a ese país a la lista de las naciones atrasadas en ciertos aspectos, una cuestión resuelta desde hace décadas por otros países con menor desarrollo democrático—o supuestamente menor— que la nación norteña.
Un país con semejante historia de violaciones de derechos no puede reivindicarse como el paradigma democrático en que se sustente el mundo que ha pretendido tutelar, y que, en cierto modo, ha logrado.
