Managua.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este martes una reforma a la Ley general de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, que entre cosas impone multas a esas entidades y a los funcionarios que informen a los clientes que están siendo investigados.
La iniciativa, propuesta por el Ejecutivo con carácter urgente, fue aprobada con los votos de los 70 diputados sandinistas y sus aliados, de 92 que integran el Parlamento.
La ley reformada establece multas al director, representante, gerente, ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de una institución bancaria «que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte».
Con la enmienda también se sanciona a quienes alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o eviten que se conozca de los mismos o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización, supervisión o inspección, según el texto.
El Ejecutivo propuso sancionar a los funcionarios con una multa equivalente entre dos veces y ocho veces su salario mensual, «sin perjuicio de las demás sanciones que la legislación establezca», de acuerdo al proyecto.
En el caso de los directores, la multa será mayor, y en el caso de que las infracciones sean muy graves o reincidentes, el superintendente de bancos podrá ordenar la remoción definitiva del cargo del infractor.
PREVENIR RIESGOS A LOS BANCOS
El legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, avaló en el pleno lo expuesto por el Ejecutivo para reformar la ley, entre ellas el compromiso del Estado «de luchar contra el crimen organizado y en contra del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, con el objetivo de proteger la economía nacional».
También para actualizar y fortalecer el ordenamiento jurídico y que la Superintendencia de Bancos tenga mayor capacidad de evaluar, gestionar y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta la banca en Nicaragua.
Además, sostuvo que esa reforma fue una recomendación hecha por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI).
Durante la sesión ordinaria, los diputados sandinistas y sus aliados también aprobaron una reforma a la Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para homologar la enmienda a la Ley General de Bancos, y una reforma a la Ley de Mercado de Capitales.
En Nicaragua operan siete bancos privados: Banco de la Producción (Banpro), Banco Centroamericano (Bancentro-Lafise), Banco de América Central (Bac), Banco de Finanzas (Bdf), Banco Ficohsa, Banco Avanz, y Banco Atlántida de Nicaragua.
