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Santo Domingo. - El Colegio Dominicano de Notarios denunció este lunes que la Procuraduría General de la República retiene desde el 2016, de manera irregular, fondos que ascienden a 89 millones 697 mil 530 pesos; por el cobro de certificaciones a los actos notariales. De igual manera, anunciaron el apoderamiento de una barra de abogados con la finalidad de iniciar un procedimiento para que estos recursos sean entregados al gremio profesional.
Mediante una rueda de prensa, la presidenta del Colegio de Notarios, Laura Sánchez Jiménez, explicó que “resulta inhumano e improcedente que esta organización no pueda entregar ayudas médicas y pensiones a miembros envejecientes porque esos valores son retenidos por la Procuraduría General de la República”.
De igual modo, Sánchez Jiménez informó que en 60 días iniciará la certificación de la firma de todos los actos y contratos notariales en la sede central de este gremio y en sus 27 filiales provinciales.
“No vamos a permitir que ni la Procuraduría ni ninguna institución nos certifique ya notarios fallecidos, destituidos o suspendidos; nosotros tenemos la base de datos, en ese sentido, vamos a seguir trabajando. Esta es la única institución de todos los gremios que no puede certificar la firma donde nuestra ley 140-15, nos da la facultad para autentificar firmas y hacer todos los actos”, agregó la presidenta del gremio.
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Sobre la Ley 140-15
Asimismo, manifestó que los abogados apoderados son los doctores Blaulio Alcántara y Zeneida Severino Marte, quienes van a accionar contra de la Procuraduría General de la República, y del propuesto Ministerio de Justicia que pretende abrogarse la facultad de certificar actos notariales, función que la Ley 140-15, que otorga al Colegio Dominicano de Notarios.
Sánchez Jiménez señaló que la Procuraduría debe recibir, conforme la Ley 140-15, 130 pesos por cada acto notarial, sin embargo, está cobrando 700 pesos, ósea 620 pesos por encima de lo establecido, de los cuales solo entrega 80 pesos al colegio, lo cual implica una retención anormal, en perjuicio del notariado.
La presidenta del gremio, que acoge a los abogados notariales, señaló que, en otras palabras, la PGR ha causado inmensos daños materiales y morales que, en buena lid, de conformidad a derecho, debe responder como institución de derecho público, situación que no excluye las responsabilidades civiles de quienes resulten culpables de los daños por su actuación defectuosa como gestores de la administración.
