La investigación contra Donald Trump en el estado sureño comparte elementos parecidos al caso federal en su contra por supuesto intento de revertir su derrota en 2020, sin embargo, también podría tener diferencias claves como posibles cargos por extorsión y la posibilidad de un juicio televisado.
La posibilidad de una nueva imputación contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump está cada día más cerca de volverse realidad, esta vez en Georgia, donde un gran jurado decide si Trump puede ser acusado de tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado sureño.
La fiscal del distrito del condado de Fulton, la demócrata Fani Willis, comenzó la investigación en febrero de 2021, tras la salida de Trump de la Casa Blanca y la salida a la luz en enero de una llamada telefónica del entonces presidente al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, pidiéndole que «buscara» los 11.780 votos que necesitaba para ganar legalmente en ese territorio, clave en el complicado sistema electoral indirecto de EEUU.
La semana pasada, el edificio de la corte estatal en Atlanta comenzó a levantar barricadas y extremar medidas de seguridad, pidiéndole a los funcionarios que trabajaran remoto de ser posible, lo que podría indicar preparativos para un anuncio de encausamiento inminente.
Se espera que Willis informe oficialmente de los cargos levantados contra el mandatario y algunos de sus aliados a mediados de este agosto.
De ser imputado en Georgia, este sería el cuarto proceso penal en menos de un año para el exmandatario, que tiene un juicio en marzo del año próximo en New York por pagos indebidos con fondos de campaña en 2016, un proceso en una corte federal en la Florida en mayo por mal manejo de documentos clasificados y otro en Washington por supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020.
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Trump ha descalificado todas las acusaciones en su contra como una «cacería de brujas» y en el caso de las acusaciones federales, lideradas por el Departamento de Justicia y el fiscal especial Jack Smith, un intento por dificultar su camino de regreso a la Casa Blanca en 2024 como «principal rival» republicano del presidente Joe Biden, candidato demócrata en las próximas presidenciales.
Incluso trató de que un juez detuviera el esfuerzo de la fiscal Willis por acusarlo, alegando que era «confusa, defectuosa y, en ocasiones, inconstitucional».
El juez de la Corte Suprema estatal, Robert McBurney, negó la petición al dictaminar que las afirmaciones de Trump eran «insuficientes o especulativas».
Con varios frentes legales abiertos y un proceso federal anterior relacionado con intentos de dificultar la confirmación los resultados en las elecciones presidenciales de 2020, ¿qué haría que este nuevo caso estatal en Georgia se destacara de los demás?
Posibles cargos de asociación delictiva
Expertos legales pronostican que la acusación de Willis en Georgia podría incluir cargos relacionados con conspiración, fraude electoral y obstrucción, similares a los levantados por el fiscal especial Jack Smith en Washington.
Cabe resaltar que la investigación contra Trump en el estado sureño se ha centrado en varios momentos y líneas esenciales: la llamada de Trump al secretario de estado de Georgia, charlas que aliados del expresidente ofrecieron a funcionarios estatales con detalles sin base de que las elecciones fueron robadas y la trama de falsos electores en los que supuestamente habrían participado sus asociados, entre otros.
Algunos analistas también prevén como una posibilidad que la fiscalía de Georgia presente cargos de lo que en EEUU se conoce como racketeering, relacionado con actividad criminal organizada o asociación ilícita para cometer un crimen.
«El racketeering (asociación delictiva) se define como la comisión de ciertos actos que están prohibidos por la ley estatal o la ley federal, o por ambas. No cometer un solo delito, sino una serie de actividades interrelacionadas conectadas», explicó a la BBC el profesor Morgan Cloud, de la facultad de Derecho de Emory University.
Estas actividades ilegales pueden estar interrelacionadas en función de métodos, víctimas o propósitos comunes. «En mi opinión, el propósito común específico sería anular los resultados en el estado de Georgia», advirtió Cloud.
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Se espera que los abogados de Trump emprendan su defensa argumentando que el expresidente nunca pidió explícitamente a los funcionarios de Georgia que manipularan los votos.
Sin perdón presidencial
Hay que señalar que en caso de ser hallado culpable y aún así ganar la Casa Blanca en 2024 o viceversa, es probable que Trump se perdone a sí mismo bajo la capacidad de otorgar un perdón presidencial bajo la Constitución. Esta es una posibilidad que los analistas contemplan como real, si bien no es ética.
Sin embargo, de acuerdo con la Carta Magna estadounidense, un mandatario solo puede perdonar delitos federales y aquellos procesados por el Fiscal del Distrito de Columbia. Los cargos estatales quedan fuera de su autoridad, por lo que en este caso -y en el de Nueva York- no podría autoperdonarse.
En el caso del estado neoyorquino, el perdón recaería en el gobernador, cargo que ocupa la demócrata Kathy Hochul. En Georgia, la autoridad para conceder indultos no recae en la gobernatura, sino en una junta estatal independiente.
Más difícil de demorar
De ganar la presidencia, Trump también podría ordenar al Departamento de Justicia demorar o reevaluar los procesos federales, algo que sería más difícil en los casos de Nueva York y Georgia debido a que cada territorio tiene sus propias leyes y procedimientos sobre los que el gobierno de Washington tiene menos influencia.
El juicio podría ser televisado
Hasta el momento, no se han permitido la entrada de cámaras de ningún tipo en las cortes antes las que Trump se ha declarado «inocente» este año. Expertos vaticinan que es muy poco probable que esto cambie.
Los tribunales federales prohíben terminantemente la presencia de la televisión en sus casos penales y aunque está permitido en las cortes estatales, Nueva York mantiene una de las condiciones más restrictivas de la nación y solo se autoriza la grabación «en circunstancias muy limitadas».
Georgia, en cambio, es más abierta a la trasmisión de sus juicios. La prensa que presenta solicitudes para grabar procedimientos generalmente recibe la autorización y si un juez tiene la intención de denegar una solicitud, debe celebrar de inmediato una audiencia sobre el asunto, reporta la revista Time, que consultó a expertos que ven como probable que, de celebrarse un juicio contra Trump, el público podrá ver los procedimientos y declaraciones de los testigos.
