Santo Domingo.- En diciembre 2020, el pago de 100 millones de pesos a varios artistas en medio de la pandemia del coronavirus, puso a Tony Peña Guaba en medio del huracán. Un grupo de merengueros e intérpretes de otros géneros recibieron un «aliciente» por parte del Gobierno, debido a la falta de actividades por el cierre de los escenarios y centros nocturnos.
El criticado acto «solidario» por parte del Gabinete de Política Social, bajo la coordinación de Peña Guaba, anunció la contratación de 70 artistas que protagonizarían conciertos que serían transmitidos por televisión y en plataformas digitales, conciertos que muchos no ofrecieron.
En esa misma entidad, la Cámara de Cuentas detectó irregularidades en el manejo de fondos públicos en una auditoría realizada en la gestión actual de Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba, donde se hallaron anomalías financieras en 54 contratos de los anteriormente señalados y que implicaron un monto de RD$ 54,400,000.
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Continuando con las auditorias, la Contraloría General de la República y por ordenes del Poder Ejecutivo, ha realizado unos 35 informes de instituciones públicas donde se han detectado irregularidades que dificultan la adecuada y transparente gestión del gasto público gubernamental, sin embargo no ha habido consecuencias.
En los informes de fiscalización, las irregularidades más comunes en el ámbito administrativo son la falta de elaboración de informes financieros, la ausencia de normas básicas de control interno, las deficiencias en los inventarios de los activos fijos, la falta de transparencia en las nóminas y los recursos no depositados en la Cuenta Única del Tesoro.
Por ejemplo, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) realizó compras declaradas de urgencia por valor de RD$2,229,663,535.47 de pesos, pese a estar programadas en su Plan Operativo Anual (POA), contrario a lo que establece la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento 543-12. En el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) se identificaron Empleados sin detalle de dónde se encuentran asignados brindando servicios de seguridad, pagos por servicio de inteligencia sin soporte, compras directas y proceso de contratación adjudicado a una empresa cuyos accionistas son empleados del Estado.
En el caso de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) las irregularidades son varias y para mencionar algunas, aparecen obras pagadas y no ejecutadas, colusión de empresas, contratos con empresas que tienen a funcionarios como accionistas, pagar por un equipo de 2021 y recibir uno de 2013, y así continúa la larga lista.
