Quito.- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, calificó este jueves de «ridiculez» la demanda que será interpuesta en su contra por una presunta infracción electoral en el contexto de las elecciones locales de 2023, donde se presentaba como candidata a alcaldesa de la sureña ciudad andina de Cuenca y en las que no salió elegida para ese cargo.
«Cae en la ridiculez totalmente», dijo Abad en una entrevista al diario La Hora sobre la denuncia presentada a título personal por Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien le acusa de presuntamente haber hecho campaña fuera del periodo establecido para pedir el voto.
La demanda será evaluada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que puede desde imponer una multa económica, a destituir del cargo a la persona, si bien Abad no fue elegida para alcaldesa de Cuenca en esa elección.
La vicepresidenta, que mantiene un pulso con el presidente Daniel Noboa, cuestionó que Guarderas no haya demandado por lo mismo al presidente, que en redes sociales cuenta con videos de actos proselitista fuera del periodo oficial de campaña.
Te podría interesar: Denuncian impunidad por la muerte de un estadounidense en cárcel de Nicaragua hace 5 años
«Cuando le muestran pruebas fehacientes con la primera autoridades del país, no tiene qué decir. ¿Acaso el presidente o el Gobierno están por encima de la ley?», se preguntó Abad, que fue enviada por Noboa como embajadora a Israel en una de sus primeras decisiones como jefe de Estado, lo que evidenció la fractura entre ambos surgida durante la campaña electoral.
Seguidamente aseguró que a Guarderas «le han visto entrando y saliendo constantemente de la Presidencia, porque aquí todo se sabe».
La vicepresidenta aseguró que esa prepara apara afrontar su defensa en caso de que el TCE admita a trámite la demanda de Guarderas, al argumentar que «no hay mejor escudo que la transparencia».
Abad reiteró que existe hacia un hostigamiento por parte de Noboa y de su Gobierno para presuntamente forzarla a dimitir y así evitar tener que delegar en ella las funciones presidenciales cuando el mandatario busque su reelección en las próximos comicios generales de 2025.
Sin ánimos de renunciar, la vicepresidenta abogó por «que se consolide el orden constitucional» que le permitirá asumir interinamente la Presidencia e hizo un llamamiento de atención a la opinión públicas, autoridades de control y entes de fiscalización.
En ese sentido, aseguró que no tienen forma legal de forzar su destitución.
«No tienen cómo hacerlo. Si se llega a una destitución, el pueblo ecuatoriano estaría en grave peligro, porque después (Noboa) irá contra aquellos que cuestionen sus pasos, y tenga por seguro qué eso es lo que va a pasar. La libertad de prensa y la democracia está gravemente amenazada si permitimos que estos atropellos a nuestra Constitución y nuestra ley», señaló Abad.
Abad fue enviada como embajadora a Israel por Noboa al inicio de su mandato presidencial, en una de sus primeras decisiones como jefe de Estado que escenificó la ruptura entre ambos.
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó desde la misma campaña electoral, marcado por una serie de declaraciones de la entonces candidata a vicepresidenta que, aparentemente, no gustaron al empresario, con quien nunca coincidió en algún encuentro público en toda la campaña de la segunda vuelta.
Una vez electos y antes de asumir el cargo, Abad realizó una gira internacional a título propio donde se reunió en Madrid con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en Lima con el entonces primer ministro de Perú, Alberto Otárola, y en El Salvador se fotografió con su presidente, Nayib Bukele, durante la celebración de concurso de Miss Universo.
Ya en su labor de embajadora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador ha conminado a Abad a no realizar declaraciones públicas sin su autorización e instrucciones previas.
También recientemente su hijo Sebastián Barreiro fue detenido por un caso de presunta oferta de tráfico de influencias en las oficinas de la Vicepresidencia, lo que llevó a pasar alrededor de veinte días en prisión preventiva en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, de la que salió en libertad tras pagar una fianza de 20.000 dólares.
