Bruselas.- Cerca de 87 millones de personas en la Unión Europea tienen algún tipo de discapacidad y más de la mitad de ellas refieren discriminaciones contra las que diversos colectivos y eurodiputados han alzado su voz, en declaraciones a EFE, en este Día Internacional de las Personas con discapacidad.
El 52 % de las personas con discapacidad en la UE asegura sentir discriminación en diversos ámbitos de su vida: en el empleo, en la educación, en el acceso a bienes y servicios, y en entornos digitales, y piden igualdad de derechos, oportunidades e integración.
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«Dado que el 52 % de las personas con discapacidad declaran en las encuestas sentirse discriminadas, es fácil estimar que el porcentaje es mucho mayor», explicó el director ejecutivo del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Yannis Vardakastanis.
Vardakastanis tiene una discapacidad visual y dirige esta organización que, asegura, ha ejercido un «papel fundamental» para mejorar las condiciones de vida de las personas con diversidad funcional en la Unión Europea.
Reivindica actuaciones en tres niveles: legislación, concienciación y accesibilidad. «Es completamente inaceptable que en la UE el Consejo haya bloqueado durante casi 15 años la Directiva Horizontal que combate la discriminación en todos los ámbitos de la vida», denunció.
Las personas con discapacidad no necesitan derechos en la «teoría», aseguró, sino que tienen que reconocerse y protegerse en la «práctica» para poder ejercerlos en la vida cotidiana.
Frente a esta discriminación sistemática a la que se enfrentan las personas con diversidad funcional, Vardakastanis reivindicó lo importante que es afrontar la discapacidad con realismo.
«Las personas con discapacidad no son héroes, las personas con discapacidad son seres humanos, ciudadanos como cualquier otro, y necesitan ejercer sus derechos como cualquier otro», dice.
«NO SOMOS HÉROES, SOMOS SERES HUMANOS»
Todavía en 2022 la igualdad de derechos de las personas con discapacidad no es una realidad. Por ello, piden que se aprueben leyes y que se regulen normativas donde se garantice la integración de sus derechos en todas las políticas y programas.
Sobre todo, reivindican que se implementen mecanismos que eliminen las barreras que impiden ejercer sus derechos como ciudadanos, también las digitales, y que se garantice una educación inclusiva y se favorezca su entrada en el mundo laboral.
La exclusión social, muchas veces, deriva en pobreza. De hecho, el Consejo de Europa estima que el 50 % de las personas con diversidad funcional se encuentran en esta situación. Por ello, los expertos recordaron la importancia de tomar medidas específicas que permitan combatir la exclusión y, especialmente, la institucionalización a la que se enfrenta este colectivo.
«Si ahora estamos en un mundo digitalizado, adaptemos todo con modelos accesibles para que en el mundo digital también estén en primera línea las personas con discapacidad y no hagamos un modelo donde ellos puedan quedar atrás», exigió la eurodiputada del PP, Rosa Estarás.
Estarás tiene un hijo con discapacidad y aseguró que de la discapacidad «aprendes mucho» pues la diversidad «nos enriquece». Sin embargo, explicó que queda todavía mucho camino por recorrer para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, así como en las educación para ser capaces de atender las necesidades de cada alumno.
