Santo Domingo.- El Ministerio Público puso en marcha la «Operación Camaleón» el caso de corrupción que involucra a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y a José Ángel Gómez Canaán alias Jochy Gómez , propietario de Auriz S.A.S y accionista de Transcore
Latam, la empresa encargada de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
Durante los allanamientos, se arrestaron a siete personas a las que, en las próximas horas, se les solicitará medida de coerción los cuales están siendo acusados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los imputados, Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, José Ángel Gómez Canaán (a) Jochy, Pedro Vinicio Padovani Báez, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda y Carlos José Peguero Vargas, permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Durante los operativos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de los “Más exitosos de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
