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Quito.- Siete personas fueron asesinadas la noche del sábado en un ataque armado en el municipio de Durán, en la provincia ecuatoriana de Guayas, que está bajo estado de excepción, y donde el pasado miércoles acribillaron a otras cinco, aparentemente en represalia por el asesinato de cuatro personas un día antes.
El asesinato de las siete personas tuvo lugar en el sector de El Arbolito, según informó este domingo el portal digital Primicias.
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En redes sociales circularon videos en los que se observan a varias personas tratando de socorrer a las víctimas, cuyos cuerpos quedaron tirados en las calles pedregosas del sector, hasta que personal policial llegó para recoger los indicios e iniciar con las tareas de investigación, añadió.
Los vehículos de Medicina Legal llevaron los cuerpos hasta el laboratorio de Ciencias Forenses, ubicado en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país.
La Policía presume que los ataques armados en Durán responden a una disputa entre las organizaciones delictivas de los Latin King y los Chone Killer, que ya el pasado miércoles dejaron cinco personas asesinadas, aparentemente en represalia por el asesinato a otras cuatro el martes en el mismo municipio.
La provincia del Guayas (suroeste) es una de las seis en las que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a declarar la semana pasada un nuevo estado de excepción para combatir los niveles de inseguridad.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, lo que se atribuye al auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la extracción ilegal de minerales.
Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.
