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A diez años de la primera condena por terrorismo en República Dominicana, surge la pregunta: ¿la escasez de casos refleja una baja actividad terrorista o un sistema judicial que no los procesa adecuadamente?
En un periodo de 12 años desde que comenzaron los procesos judiciales por delitos terroristas, solo Frank Kelin Holguín Medina ha sido condenado a 35 años de prisión por incendiar una mochila en el Metro de Santo Domingo. Otros incidentes graves que comprometen la seguridad nacional han sido tratados bajo cargos de lavado de activos, o han quedado sin responsables identificados y en el olvido.
Según la Ley 267-08 sobre terrorismo, actos como el robo de tensores del Puente Juan Bosch en 2012 o los cables sustraídos de la pista del Aeropuerto Internacional Las Américas en 2021, deberían haber sido procesados como terrorismo. A pesar de que los daños fueron reparados y se tomaron medidas de vigilancia, las autoridades no apresaron a los responsables ni los acusaron bajo esta legislación.
El más reciente caso de relevancia es el sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, ocurrido entre el 27 y 30 de agosto. Este incidente, que involucró a figuras como el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y ejecutivos de la empresa Transcore Latam, como Jorge Brinkmeyer, Jochy Gómez, Pedro Vinicio Padovani Báez y Julio Martínez Lantigua y a los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista. Un caso que fue declarado como complejo. Beras, Gómez y Padovani cumplen 18 meses de coerción acusados de sabotaje, en violación de la Constitución y de la Ley 267-08. Si son declarados culpables, enfrentarían penas de entre 30 y 40 años de prisión.
No obstante, el abogado Eduardo Tavares Guerrero considera que la falta de pruebas suficientes podría limitar las condenas a penas de entre tres y 10 años. “Habría que determinar si hubo negligencia y si esta puede ser considerada un acto de terrorismo. En mi opinión, no se cumplen todos los elementos para que las penas lleguen a los 40 años, como establece la ley”, explicó. Tavares también sugirió que es necesario actualizar la legislación para abordar nuevas formas de terrorismo, como los ciberataques.
República Dominicana registró más de 158 millones de intentos de ciberataques en 2020, de un total de 41 mil millones en América Latina y el Caribe, según datos de Fortinet.
La falta de sentencias por terrorismo: un desafío estructural
La Ley 155-17 Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo está alineada con normas internacionales y busca fortalecer los mecanismos de control. A pesar de contar con una procuraduría especializada, las sentencias por terrorismo siguen siendo escasas. Expertos señalan la necesidad de realizar vistas públicas que incluyan a todos los sectores en la actualización del marco legal.
“El Ministerio Público debe cumplir plenamente con su independencia para fortalecer la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, aunque existen obligaciones para entidades y profesionales que no siempre se cumplen”, señaló Tavares.
Sin embargo, el politólogo y abogado David La Hoz considera que la escasez de sentencias por terrorismo refleja una paz social envidiable en el país. “A diferencia de Haití, donde la violencia es más común, República Dominicana es un país turístico y pacífico, sin grupos beligerantes o armados que perpetren actos terroristas”, afirmó La Hoz. Añadió que, aunque existen actividades ilícitas relacionadas con el lavado de capitales, el terrorismo político o asociado a grupos extremistas es prácticamente inexistente en el país.
Ley 267-08: ¿suficiente para enfrentar el terrorismo?
La Ley 267-08 sobre terrorismo define claramente los actos que crean pánico o tensión en la población, como atentados con explosivos, ataques a aeronaves o a infraestructuras críticas. Aunque los incidentes relacionados con ciberataques, sabotajes o redes criminales podrían clasificarse como terrorismo, la baja presencia de grupos extremistas en el país ha mantenido limitada la aplicación de la ley.
Posibles razones detrás de la escasez de sentencias
El bajo número de sentencias por terrorismo en República Dominicana se debe, en gran parte, a la baja incidencia de estos delitos. Históricamente, el país no ha sido un foco de violencia extremista o terrorismo internacional. Además, la legislación y estructura judicial del país solo comenzaron a fortalecerse en la última década, con la creación de comisiones antiterroristas y el endurecimiento de los marcos legales.
Otro factor es que las autoridades dominicanas pueden estar priorizando otros tipos de crímenes, como el narcotráfico, la delincuencia común y la corrupción, que representan amenazas más inmediatas. Además, el terrorismo es un delito complejo que requiere pruebas claras sobre la intención de causar terror o desestabilización política, lo que dificulta su persecución judicial.
En conclusión, estas razones podrían explicar por qué la cantidad de sentencias por terrorismo ha sido limitada en República Dominicana hasta la fecha.
