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Los Gobiernos de Venezuela y Uruguay reactivarán "en los próximos días" sus servicios consulares en Caracas y Montevideo para atender a sus connacionales, una decisión que se da a conocer después de que el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, manifestara que el hecho de no tener relaciones con el país caribeño, rotas desde 2024, está complicando algunas situaciones.
A través de un comunicado, el Gobierno de Nicolás Maduro indicó que las cancillerías de Venezuela y Uruguay "informan a la opinión pública que, como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes, se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares", sin precisar la fecha ni añadir más información sobre si retomará relaciones diplomáticas con Uruguay.
La misma información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, que informó que esta decisión se adoptó tras un trabajo en conjunto con Venezuela.
El martes, Lubetkin recordó la situación de Fabián Buglione, detenido cuando ingresó a Venezuela en octubre de 2024 y por quien los Gobiernos de Uruguay y Estados Unidos llevan a cabo acciones de cooperación en el seguimiento de su condición y en busca de su liberación.
También el de un uruguayo que se encontraba en el país caribeño y allí perdió la vida.
Añadió que varias problemáticas de la vida diaria que puedan darse son resueltas por los consulados y remarcó las complicaciones que generan que esté todo cerrado.
El quiebre diplomático entre Uruguay y Venezuela se consolidó tras la llegada al poder del entonces presidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), cuando el país adoptó una postura más crítica frente al Gobierno de Maduro, a diferencia de la Administración de Tabaré Vásquez (2015-2020), que había optado por la neutralidad.
Lacalle Pou cuestionó abiertamente la legitimidad de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024 -cuando el ente electoral proclamó una cuestionada reelección para Maduro- y se alineó con otros países de la región que denunciaban violaciones a los derechos humanos en ese país.
Esta postura generó tensiones crecientes, que culminaron en julio de 2024, cuando el Gobierno de Maduro exigió la salida inmediata de los representantes diplomáticos de Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, en respuesta a sus pronunciamientos sobre el proceso electoral venezolano.
