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Santo Domingo. – A partir de agosto de 2026, la República Dominicana comenzará a aplicar el nuevo Código Penal, luego de su promulgación este domingo por el presidente Luis Abinader, tras su aprobación definitiva en el Congreso Nacional el pasado jueves. La normativa sustituye al régimen penal vigente desde 1884, considerado obsoleto frente a las complejidades del crimen moderno.
El nuevo cuerpo legal, establecido en la Ley 74-25, introduce más de 70 nuevas figuras delictivas, fortalece los mecanismos de prevención, protección y castigo, e incorpora medidas sociojudiciales enfocadas en la reinserción social y la seguridad ciudadana.
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Entre los delitos tipificados por primera vez se incluyen el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, el autosecuestro, la instigación al suicidio, la obstrucción de justicia, y el dopaje con efectos dañinos. También se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se tipifican crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada.
Uno de los cambios más significativos es el aumento de la pena máxima de prisión hasta 40 años y la posibilidad de cúmulo de penas en casos de múltiples delitos. Asimismo, se contemplan medidas post-penitenciarias como el registro de agresores sexuales, la vigilancia posterior al cumplimiento de condena y programas de reeducación y reinserción social.
En materia de derechos y protección, el Código contempla órdenes de protección más fuertes para víctimas de violencia de género e intrafamiliar, y extiende a 30 años los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores y personas vulnerables, contados desde que la víctima cumple la mayoría de edad.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, la nueva legislación endurece las sanciones, amplía los plazos de prescripción y establece la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes incurran en estos delitos.
Desde el Gobierno se resaltó que esta reforma no solo persigue el castigo, sino que adopta un enfoque preventivo y resocializador, alineado con los principios de un Estado social y democrático de derecho.
“Esta actualización dota al sistema penal dominicano de herramientas modernas para enfrentar la criminalidad en todas sus formas y garantizar la protección efectiva de las víctimas”, destaca el comunicado de la Presidencia.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el país da un paso decisivo hacia una justicia más moderna, equilibrada y sensible a los desafíos contemporáneos en materia de seguridad, derechos humanos y lucha contra la impunidad.
