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La Cancillería de Rusia convocó este lunes al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, tras los señalamientos de la ministra de seguridad del país suramericano, Patricia Bullrich, que acusó a la inteligencia rusa de participar en una grabación ilegal en la Casa Rosada.
"Se le informó al embajador de Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones" de la ministra, que considera "infundadas", en tanto en cuanto "no tienen pruebas", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.
Además, "se señaló la existencia del Tratado entre Rusia y Argentina de asistencia legal recíproca en materia penal, que establece un procedimiento para la interacción correspondiente de las estructuras competentes de los dos países", indicó la Cancillería, agregando que las declaraciones de Bullrich "no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad que existen" entre ambas naciones. En este sentido, Moscú "lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo", señala el Ministerio en su comentario.
Finalmente, la Cancilleria rusa confía en que recibirá de la parte argentina "una explicación detallada" de las "inaceptables declaraciones" de la ministra "lo antes posible".
En una entrevista con Radio Rivadavia, Bullrich dijo el pasado lunes que el Gobierno denunció a "personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos" por la filtración de audios de Karina Mieli, la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei.
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Si bien el contenido de dichos audios era inocuo, otra grabación atribuida a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), asegura que ella y su asesor, Eduardo 'Lule' Menem, cobran sobornos del 3 al 8 % a las empresas farmacéuticas privadas, a cambio de otorgarles millonarios contratos de compra de medicamentos para instituciones públicas.
