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Bogotá.- La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió este lunes a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a una disidencia de las FARC «cesar de inmediato» los enfrentamientos armados entre ellos y permitir corredores humanitarios para atender a la población de la región del Catatumbo, afectada por la violencia.
Más de 250 personas del Catatumbo —región perteneciente al departamento de Norte de Santander (noreste)— abandonaron sus viviendas y cerca de 6.000 están en riesgo de confinamiento y desplazamiento por los choques armados entre ambos grupos armados ilegales desde la semana pasada en una zona rural de Tibú.
La Defensoría pidió «a los grupos armados ilegales, en particular al Frente 33 de las disidencias y al ELN, cesar de inmediato las confrontaciones armadas, adoptar las medidas para proteger a la población civil, respetar el DIH y evitar afectaciones a las comunidades y civiles en el Catatumbo».
La entidad solicitó además a los grupos armados «permitir la activación de corredores humanitarios que redunden en acciones a favor de las personas afectadas por las hostilidades».
Desplazamiento masivo en el Catatumbo
La región vive desde el 16 de enero una grave crisis humanitaria por la guerra declarada por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas.
Esta disputa ha provocado este año la muerte de cerca de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de por lo menos 78.000 campesinos, muchos de los cuales no han podido volver a sus tierras porque la violencia persiste.
El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.
La necesidad de asistencia humanitaria urgente
Actualmente, la región continúa enfrentando una grave crisis humanitaria, siendo los municipios de Tibú y El Tarra los más afectados, aseguró hoy la Defensoría, que recordó que en octubre pasado emitió una Alerta Temprana sobre los riesgos en esa región.
«Lo anterior se debe a la intensificación de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las extintas FARC (Frente 33 y Bloque Magdalena Medio), sumado a la consolidación del control territorial ejercido por el ELN», añadió la entidad.
La Defensoría urgió a las alcaldías de Cúcuta (capital departamental) y Tibú a desplegar y fortalecer la ruta de atención para garantizar la asistencia humanitaria de los afectados.
«Se debe fortalecer un plan para garantizar la atención de otros eventos masivos de personas desplazadas hacia Cúcuta y el casco urbano de Tibú», puntualizó el organismo.
Por último, la Defensoría instó a garantizar una respuesta eficaz y oportuna por parte de la Unidad para las Víctimas, teniendo en cuenta que los entes territoriales «no cuentan actualmente con la capacidad de respuesta para atender la magnitud de la emergencia humanitaria».
