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Santo Domingo, RD. - El panorama judicial dominicano durante el año 2025 ha sido calificado como un punto de inflexión en la persecución del crimen y la corrupción. Según el abogado y panelista del programa Esto No es Radio, José Martínez Brito, este periodo representó un "despertar" para el Ministerio Público, marcado por la gestión de Yeni Berenice Reynoso como procuradora general y Wilson Camacho al frente de la Dirección de Persecución. Este binomio, que anteriormente trabajó bajo otras gestiones, ha tenido finalmente la oportunidad de operar con una autonomía sin precedentes.
La Operación Cobra y el estreno de "Las Parras"
Uno de los hitos más mediáticos de la agenda judicial y que fue abordado por Brito, ha sido la Operación Cobra (caso Senasa), que involucra una presunta malversación de unos 15,000 millones de pesos. Martínez Brito destaca que este proceso ha servido para inaugurar el recinto carcelario de Las Parras, donde siete de los diez imputados cumplen medida de coerción.
Al analizar la profundidad de las investigaciones, Brito enfatiza la dinámica evolutiva de los expedientes:
"Wilson Camacho luego de salir de la medida de coerción en la cual se leyó la decisión del juez, dijo algo parecido a las investigaciones, al sol de hoy ya involucran más personas. O sea que al momento de ellos hacer la Operación Cobra... hasta el momento de la lectura de la decisión del juez ya había más personas involucradas que no estaban incluidas en esa medida de coerción".
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Acuerdos y condenas: El balance de la lucha contra la corrupción
José Martínez Brito destaca que, a diferencia del 2024, el saldo del 2025 es positivo debido a la obtención de sentencias condenatorias en casos de alto perfil como Antipulpo, Gavilán y Agricultura. No obstante, el acuerdo con Maxi Montilla ha generado debate; este entregó 3,000 millones de pesos y disolvió sus empresas a cambio de la extinción de la acción penal.
Sobre la estrategia detrás de este pacto, Martínez Brito ofrece una lectura pragmática:
"Yo entiendo que en ese momento, si el Ministerio Público, dígase si Yeni Berenice y Wilson Camacho no le fueron como pitbull con hambre arriba a Maxi Montilla, era muy probablemente porque tenían pocas pruebas y la única manera que tenían era devolviendo el dinero y de esa manera condenarlo socialmente ante la opinión pública".
Seguridad ciudadana y delitos transnacionales
La operatividad del Ministerio Público también se extendió a delitos de explotación y estafas internacionales. Brito resalta la Operación Atlántico, enfocada en desmantelar redes de prostitución infantil en Sosúa, logrando lo que gestiones anteriores no pudieron consolidar debido a presiones empresariales y políticas. Asimismo, valoró positivamente la Operación Discovery 3.0, dirigida contra los "chiperos" que estafaban a ciudadanos estadounidenses, muchos de los cuales ya han sido extraditados.
Controversias: Caso Jet Set y Wander Franco
No todos los procesos han estado exentos de críticas. El otorgamiento de prisión domiciliaria en el caso Jet Set ha generado disgusto en la ciudadanía. Martínez Brito explica que la calificación inicial como "homicidio involuntario" limitó las posibilidades de imponer medidas más severas desde el principio. Por otro lado, el panorama para el pelotero Wander Franco se ha complicado tras la anulación de su juicio anterior, ordenándose un proceso desde cero que podría poner en riesgo definitivo su carrera profesional.
Desafíos institucionales y el futuro de la Procuraduría, según Martínez Brito
A pesar de los avances, Martínez Brito advierte sobre las ataduras políticas remanentes y la división interna que afecta el rendimiento de la Procuraduría General de la República.
Respecto a la operatividad actual, el abogado señala:
"Uno de los principales retos también que enfrenta el ministerio público es lo dividido que está a lo interno de la Procuraduría General de la República, que eso lo hace trabajar a medias... Algunos obedecen a la gestión de Jenny, le obedecen a Camacho, pero otros vienen de gestiones anteriores que no son confiables... por eso el ministerio público trabaja a medias".
Para el analista, el reto futuro reside en fortalecer la institucionalidad para que trascienda a las figuras de turno y en que la ciudadanía mantenga una vigilancia constante sobre el cumplimiento de las penas, evitando que el entusiasmo inicial de las medidas de coerción se diluya en el olvido.
