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El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, rechazó que la paralización de su proceso penal sea responsabilidad suya o de su equipo legal, y aseguró que los retrasos acumulados por más de cinco años obedecen exclusivamente a “negligencias reiteradas del Estado”, a través del Ministerio Público.
En una comunicación pública, Rodríguez explicó que el proceso aún no ha llegado a la fase de juicio de fondo, pese a haber transcurrido cinco años y siete meses desde su inicio. Según afirmó, esta situación ha sido presentada de manera errónea en algunas publicaciones que reproducen la versión oficial del órgano acusador.
El exfuncionario sostuvo que estuvo cuatro años privado de libertad y que nunca ha faltado a una audiencia ni ha solicitado suspensiones o aplazamientos. Indicó además que hace casi tres años su defensa depositó ante los tribunales 1,046 pruebas para ser conocidas en el juicio.
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“Resulta contrario a toda lógica sostener que una persona que pasó cuatro años en prisión tenga interés en prolongar el proceso”, expresó, al tiempo que afirmó ser el principal interesado en que el juicio inicie y concluya conforme a derecho.
Rodríguez alegó que la acusación presentada por el Ministerio Público es “innecesariamente abultada, confusa e ininteligible”, compuesta —según detalló— por más de 12,000 páginas y 666,000 archivos digitales, equivalentes a cerca de 50 millones de páginas, lo que, a su juicio, ha generado violaciones al debido proceso y retrasos adicionales.
Asimismo, denunció supuestos incumplimientos en la entrega oportuna de pruebas de descargo, el depósito de un disco duro defectuoso con archivos dañados y decisiones procesales que habrían provocado nuevas suspensiones, como el desglose y posterior fusión del proceso respecto a dos imputados.
El exprocurador aseguró que los jueces apoderados del caso han dejado constancia de que las dilaciones identificadas son imputables al Estado y no a su persona. Añadió que toda solicitud de su defensa para la entrega de pruebas y notificaciones adecuadas ha sido presentada como “táctica dilatoria”, pese a que —según dijo— han sido aprobadas por los tribunales por considerarlas esenciales para el ejercicio del derecho de defensa.
Rodríguez informó que espera que este miércoles 11 de febrero de 2026 el juicio pueda finalmente iniciar, con el propósito de exponer, junto a sus abogados, lo que define como más de 25 violaciones al debido proceso y refutar las imputaciones en su contra.
El exfuncionario concluyó señalando que mantiene su interés en que el proceso se conozca dentro de un plazo razonable y conforme a la Constitución y las leyes de la República, e invitó a la ciudadanía a dar seguimiento a las audiencias públicas del caso.
