English
San Juan.- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este jueves la firma de una medida que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido, lo que sus detractores denuncian es un paso para criminalizar el aborto.
La nueva ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico para redefinir que "ser humano" incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
Te puede interesar: Puerto Rico despide con emoción y música a Rafael Ithier
Su objetivo es complementar otra ley aprobada recientemente que declara asesinato en primer grado la muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
"La legislación tiene el propósito de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales reconociendo al concebido no nacido como ser humano", señaló el comunicado del Gobierno.
La medida fue presentada por la gobernadora a la Legislatura hace un mes, despertando en ese momento fuertes críticas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, entre otros.
Las delegaciones del PIP en Cámara y Senado expresaron su "contundente" rechazo a la propuesta de la gobernadora y su intención de "ilegalizar de forma absoluta el que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos".
Por su parte, Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, aseguró que el proyecto constituye "una criminalización absoluta del aborto en Puerto Rico".
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en junio de 2022 la histórica sentencia conocida como 'Roe contra Wade', que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, se han presentado numerosos proyectos de ley en Puerto Rico para limitar el aborto, pero todos hasta ahora habían fracasado.
La diferencia, según alegan los expertos, es que bajo la Constitución federal el aborto no es un derecho fundamental, pero en Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU., está protegido por el derecho constitucional a la intimidad. EFE
