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Santo Domingo.– El Gobierno dominicano anunció que a partir del próximo 1 de julio será sometida al Congreso Nacional una propuesta de modificación legal que contempla la reducción del 50 % de los recursos asignados a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos en el país.
La iniciativa surge tras una decisión del Consejo de Ministros encabezado por el presidente Luis Abinader, y forma parte de un ajuste al gasto público que busca redistribuir partidas del Presupuesto General del Estado.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que la medida será formalmente presentada como un proyecto de ley para su evaluación legislativa, conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico.
Actualmente, el financiamiento estatal a las organizaciones políticas asciende a RD$1,620 millones anuales, de acuerdo con la legislación presupuestaria vigente. Con la propuesta, se plantea que los recursos sean reducidos en dos etapas durante el segundo semestre del año, afectando los desembolsos mensuales que reciben las entidades políticas.
Rijo Presbot señaló que la iniciativa responde a la necesidad de realizar ajustes fiscales en medio de la situación económica actual, e instó a los partidos a contribuir con el esfuerzo de contención del gasto público.
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Sin embargo, la propuesta ha generado rechazo en diversos sectores políticos. El delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, Javier Hubiera, advirtió que la medida podría debilitar el sistema de partidos y afectar la estabilidad democrática del país, al considerar que los recursos actuales son esenciales para el funcionamiento de las organizaciones políticas.
En la misma línea, sectores como Alianza País, representado por Sergio Holguín, plantearon que cualquier reducción debería aplicarse de forma proporcional, tomando en cuenta el nivel de financiamiento que recibe cada organización.
Las críticas de la oposición y partidos minoritarios apuntan a que la medida podría generar tensiones en el diálogo político y modificar el equilibrio del sistema partidario, mientras el Gobierno insiste en que se trata de un ajuste necesario dentro de la política de eficiencia del gasto público.
