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Madrid.- Los obispos españoles recibieron en los dos últimos años, 506 denuncias de abusos a menores en la Iglesia, reconoció este viernes la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Su portavoz, Luis Argüello, aseguró hoy en rueda de prensa que quieren ofrecer "reconocimiento y reparación a las víctimas" e insistió en que la colaboración de esta institución en la investigación de los casos "está fuera de toda duda".
Los obispos prepararon 202 oficinas para recibir las denuncias de abusos que tuvieron lugar en el pasado y eso les permitió conocer "el drama" de esas 506 personas, algunos de cuyos casos se remontan a más de 30 años.
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Después de reticencias iniciales, la Iglesia española aceptó investigar las denuncias de abusos sexuales a menores en su seno durante años, como han hecho otros países desde que salieron a la luz los primeros casos en la década de los años noventa del siglo pasado.
En los casos reconocidos hoy se incluyen algunos que ya se sabían y que tuvieron su recorrido en el ámbito civil y canónico, otros se denunciaron recientemente en esas oficinas o en medios de comunicación y 103 corresponden a víctimas ya fallecidas, pero insisten en que todos se van a investigar.
El portavoz de los obispos aseguró que apoyan todas las iniciativas que permitan desenmascarar y acabar con la lacra de los abusos en la Iglesia. "La colaboración de la Iglesia con estas iniciativas está fuera de toda duda", dijo.
"Queremos que resplandezca la verdad", afirmó Argüello después de insistir en que otro de los objetivos de la Iglesia es "apartar a las personas que se demuestre que son indignas".
La Conferencia Episcopal Española encargó el mes pasado a un despacho de abogados que investigue estos abusos, sin un límite temporal y con el propósito de "complementar", no suplir, la investigación que pueda llevar a cabo el Estado, una opción similar a la adoptada por la Iglesia en otros países europeos.
En este sentido, el Congreso español aprobó ayer una comisión independiente investigará los abusos sexuales a menores cometidos en la Iglesia española, que estará presidida por el Defensor Pueblo, el ombudsman en España.
