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Estados Unidos sancionó este jueves al conglomerado militar cubano GAESA, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa mixta con participación canadiense, en el marco de una ofensiva económica destinada a cortar los ingresos del régimen que gobierna la isla. El anuncio, realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, coincidió con la retirada de la canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba, un movimiento que los analistas interpretan como una señal de que las presiones de Washington sobre los socios extranjeros de La Habana empiezan a surtir efecto.
En un mensaje en sus redes sociales, Rubio aseguró: “Las sanciones impuestas hoy demuestran que la administración Trump no permanecerá impasible mientras el régimen comunista cubano amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen implemente todas las reformas políticas y económicas necesarias”.
Las nuevas medidas se aplican bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que extendió el alcance de las sanciones estadounidenses hasta abarcar a casi cualquier entidad extranjera que mantenga vínculos comerciales con sectores estratégicos de la isla: energía, defensa, seguridad y finanzas. Rubio acompañó el anuncio con un comunicado en el que señaló que el objetivo era “privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”. Advirtió que caben esperar “designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.
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El blanco principal de las nuevas designaciones es el Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido por sus siglas GAESA. Se trata del conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que, según estimaciones reiteradas por el propio Departamento de Estado, controla en torno al 40% de la economía cubana. Sus ingresos superarían en más de tres veces el presupuesto estatal, y una investigación del diario Miami Herald basada en documentos financieros filtrados calculó sus activos en cerca de 18.000 millones de dólares. El holding abarca sectores tan dispares como el turismo de alto nivel —a través de Gaviota S.A.—, el comercio minorista en divisas, las remesas, la logística portuaria y los servicios financieros.
Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera cubana durante una marcha frente a la embajada de Estados Unidos para protestar contra la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y el asesinato de soldados cubanos en el ataque estadounidense, en La Habana, Cuba, 16 de enero de 2026 REUTERS/Norlys Perez/File Photo
GAESA fue creado en 1995, durante el llamado Período Especial que siguió al colapso soviético, por iniciativa del entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro. Lo que nació como un mecanismo para dotar de recursos propios al estamento militar se convirtió con el tiempo en una estructura paralela al Estado, opaca e inmune a cualquier auditoría. La entidad opera como sociedad anónima, no publica balances, no rinde cuentas al Parlamento y, según admitió en 2024 la propia contralora general antes de ser cesada, ni siquiera el órgano de fiscalización del Estado tiene jurisdicción para revisar sus cuentas. El economista Pavel Vidal, especialista en finanzas cubanas, lo describió con precisión: es una economía dentro de otra.
Las sanciones también alcanzan a Ania Guillermina Lastres Morera, designada al frente de GAESA en 2022 tras la repentina muerte de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, que dirigió el conglomerado durante décadas y era yerno de Raúl Castro. Lastres Morera ostenta el rango de general de brigada de las Fuerzas Armadas, lo que ilustra la naturaleza castrense de un organismo formalmente registrado como empresa mercantil. La tercera entidad sancionada es Moa Nickel S.A., empresa mixta creada en 1994 entre Sherritt y la estatal cubana Compañía General de Níquel para explotar yacimientos de níquel y cobalto en la provincia de Holguín. Washington acusa a esta sociedad de beneficiarse de activos que, según su comunicado, fueron expropiados por el régimen a personas y corporaciones estadounidenses.
El impacto inmediato más visible fue la retirada de Sherritt International, que anunció la suspensión de su participación directa en empresas conjuntas en Cuba horas antes de que Rubio hiciera pública su lista de designaciones, según reportó Bloomberg.
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La compañía comenzó a repatriar a sus empleados expatriados y solicitó a sus socios cubanos que retiraran de Canadá al personal enviado a ese país. Sus acciones cayeron cerca de un 26% en la bolsa de Toronto. La salida de Sherritt no es un episodio aislado: en febrero pasado, la empresa ya había reducido operaciones por el bloqueo de combustible que Washington impuso a Cuba en enero. La empresa, que llegó a tener una valoración bursátil de 4.800 millones de dólares en 2008, cotiza actualmente en apenas unos 186 millones, reflejo de años de deterioro por la crisis estructural cubana y las restricciones del embargo.
La ofensiva de Trump contra Cuba se inscribe en un contexto de presión sostenida. Desde enero, Washington bloqueó el suministro de petróleo a la isla, medida que agravó los ya crónicos apagones que en numerosas provincias superaban las quince y veinte horas diarias. El presidente ha llegado a afirmar que tomará el control de Cuba “casi de inmediato” y ha mencionado la posibilidad de desplazar el portaviones USS Abraham Lincoln a aguas del Caribe.
