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La Haya.- La ONG Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie) acusó este lunes a la petrolera Shell de “negligente” por “no actuar” aún para cumplir la sentencia emitida hace un año por un tribunal neerlandés que obliga a la compañía a reducir “de inmediato” sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030 en comparación con 2019.
En una misiva enviada a la junta directiva de Shell, que trasladó este año su sede fiscal a Londres, la ONG advirtió de que “a sabiendas y deliberadamente, la empresa aún no ha actuado para ejecutar el veredicto” y señaló la “responsabilidad personal” de la junta al “no actuar” y “seguir violando derechos humanos” agravando el cambio climático.
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La ONG no ha definido sus siguientes pasos, a la espera de la respuesta de Shell a la carta.
"La sentencia del juez fue clara y necesaria: Shell debe dejar de causar un cambio climático peligroso, que amenaza vidas humanas y ecosistemas valiosos. Lo que hace o deja de hacer Shell lo determinan las personas al mando (…) La Junta debe ser consciente de que está exponiendo deliberadamente a Shell a posibles denuncias por daños que la compañía nunca podría pagar”, alertó Nine de Pater, líder de campaña de la ONG.
La carta, escrita por el equipo legal de Milieudefensie, explica en detalle por qué entiende que Shell no está haciendo lo suficiente para cumplir la sentencia, a pesar de que la empresa ha afirmado estar enfocándose en cambios en su actividad para reducir sus emisiones.
“Amigos de la Tierra Países Bajos cree que la ausencia de objetivos absolutos de reducción del 95% de sus emisiones de CO2 es negligente”, añade la organización, en una misiva enviada también a los accionistas “más grandes e influyentes” de Shell.
Para De Pater, las emisiones “no disminuirán lo suficiente con su política actual e incluso pueden aumentar”, lo que resulta de una decisión “consciente” de la junta, y subraya que el objetivo “es muy simple: Shell tiene que producir y vender menos petróleo y gas”.
A mediados de enero, Milieudefensie dio un ultimátum a 30 empresas para que definan en un plazo de tres meses planes climáticos “concretos y factibles” para reducir sus emisiones de CO2 en al menos un 45% para 2030.
El plazo expiró el 15 de abril y la ONG entregará ahora esos planes a una agencia científica para que los examine antes de definir los pasos legales que seguirá la organización, inspirada en su victoria histórica contra Shell.
En mayo del año pasado, un juez exigió a Shell reducir sus emisiones porque "puede" y "debe" adherirse al Acuerdo Climático de París, un respaldo judicial sin precedentes a la lucha climática que consideró las emisiones "una amenaza" a los derechos humanos.
