Santo Domingo. – El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho afirmó que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reconoció que el Ministerio Público actúa como garante del Estado de Derecho.
El procurador adjunto hablo del tema, luego que la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, dispusiera que continúe la entrega de documentación que inició el ese órgano en respuesta a la solicitud de imputados del caso Medusa.
“El tribunal ha reconocido lo que nosotros hemos venido diciendo, que somos garantes del Estado de derecho”, expuso Camacho.
Indicó que informaron al tribunal que en ambos casos habíamos iniciado un proceso de entrega de documentación que se solicitó al Ministerio Público.
Puedes leer: Ratifican arresto domiciliario a una acusada en el caso Medusa
“El tribunal lo ha reconocido y ha pedido que esa entrega de información continúe; algo con lo que el Ministerio Público se compromete en este y todos los procesos”, añadió.
La jueza Ramírez de la Cruz conoció peticiones del imputado Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y de Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de Tecnología de la Información y la Comunicación.
Camacho aseguró que siempre que les solicitan información, el Ministerio Público responde la entrega. “Nosotros somos, repito, guardianes del debido proceso; y nos interesa que las defensas estén en condiciones de echar el pleito porque nosotros estamos dispuestos a echarlo”, apuntó.
Garante de Estado de Derecho
Explicó sobre las 34 solicitudes formuladas por las defensas de los imputados Solano Augusto y Forteza Ibarra, que el tribunal solo acogió lo relativo a entrega de documentación. “El resto de todas las solicitudes fueron rechazadas por el tribunal; porque tal como le advirtió el Ministerio Público, eran en muchos casos irracionales y contrarias al debido proceso”.
Dijo que los imputados “pidieron al tribunal que hiciera solicitudes por ejemplo a instituciones y eso es una facultad que el tribunal no tiene; incluso viola el principio de separación de funciones, y así lo ha reconocido el tribunal”.
Camacho representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Mirna Ortiz y Emmanuel Ramírez.
