Según el Ministerio Público en el caso Colibrí, en diversas ocasiones recibieron denuncias por parte de ciudadanos de que presuntamente habían sido “estafados por o buscones y/o tributarios que los abordaban” en las inmediaciones de las distintas dependencias de la Junta Central Electoral (JCE) ubicada en la ciudad de Santiago.
Estos le cobraban “entre cinco mil pesos” y “veinte mil pesos” para agilizar la entrega de los documentos emitidos por la JCE, tales como “actas de nacimiento, corrección de datos”.
Sin embargo, las quejas se empezaron hacer sentir cuando los ciudadanos acudían con sus documentos a la misma “consultoría jurídica de la Junta Central Electoral, embajadas, cancillerías, jurisdicción inmobiliaria y otras instituciones públicas” y eran detenidos “para ser cuestionados, y advertidos de que los documentos que utilizaron eran irregulares, ya que no se corresponde con los registros de información internos”.
Las detenciones y denuncias abarcan desde el proceso de solicitud de duplicados de cédulas, hasta la solicitud de actas de nacimientos para nacionales haitianos con “cédulas dominicanas” obtenidas de forma fraudulenta.
Entre las pruebas presentadas en el expediente de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, figuran fotografías de los hoy detenidos ofertando servicios de “forma irregular” a los usuarios, esto próximo a las instalaciones de la JCE.
Se recuerda que será mañana lunes a las diez de la mañana cuando el juez de la Oficina del Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago conocerá la solicitud de medida de coerción contra los acusados en el caso Colibrí por supuesta suplantación de cédula de identidad, uso de documentos falsos y falsificación de documentos públicos.
Serán 16 los nombres presentados por el Ministerio Público para que les sea impuesta una coerción concerniente en prisión preventiva por 18 meses, además de la declaratoria del caso como complejo.
